
El modus operandi: Así estafaban a la gente
“Pero es posta o si me paran se dan cuenta”, es una de las preguntas que le hace el funcionario a su interlocutora. La respuesta: “Te comento son absolutamente OFICIALES Y ORIGINALES, los realizamos oficialmente en Gestión seguridad vial y el ministerio de transporte de la Nación. Queda radicada y asentada en el municipio en su ciudad, partido o localidad. Con sus hologramas correspondientes, sellos de agua y franja de seguridad, y pasan cualquier tipo de scanner, por ende no tendrá ningún problema en circular en la vía pública. Tampoco al renovar porque son totalmente renovables en cualquier municipio”.
Por supuesto, todo es falso. La conversación continúa con el pedido de la dirección para enviar el registro una vez que esté listo. Brenda pasa su CBU y las instrucciones para el pago, que se hace a través de medios electrónicos en oficinas como Pago Fácil o Rapipago. Luego ofrece un número de seguimiento por Correo Argentino, mientras que, más tarde se acuerda el pago y Brenda asegura que el registro llegará a destino al día siguiente. “A primera hora”, miente. Los números telefónicos y de las cuentas bancarias están en poder del juzgado.
Más allá de que quien intenta obtener el registro de esta forma está incurriendo en un hecho ilegal, al mismo tiempo se convierte en víctima de un engaño, porque la licencia nunca llega. Los diferentes intentos por volver a contactar a Brenda a través del WhatsApp son infructuosos. En la red de mensajes sólo aparece una tilde, lo cual indica que los mensajes dejaron de llegar, o que el destinatario bloqueó al contacto.
La Justicia tiene ahora en sus manos la investigación por el delito de “falsificación de documento público”, que según el Artículo 292 del Código Penal estipula una pena de entre uno y seis años de prisión. Tan solo durante el pasado 2023 en la Agencia Nacional de Seguridad Vial habían recibido denuncias desde distintas partes del país sobre la venta de licencias truchas.
A su vez, en 2018 la Fiscalía General de la Ciudad, desbarató una banda que comercializaba licencias truchas que incluía a funcionarios públicos involucrados. Esta modalidad era diferente a la ya denunciada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ya que, en ese momento se otorgaba un plástico apócrifo con el que la persona podía circular.
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