Durante una entrevista en Radio Mitre, Bullrich reforzó su idea: “El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”, subrayó.

En los últimos días, desde la Ciudad de Buenos Aires salieron a reclamar que se acelere la expulsión de delincuentes extranjeros y que, para eso, se reponga un decreto firmado en 2017, en el Gobierno de Mauricio Macri, cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de Seguridad.

Primero fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y luego su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, quiene pidieron expulsar a los delincuentes extranjeros.

“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, escribió en su cuenta de la red social X (ante Twitter) Jorge Macri, al hacer referencia a un hecho policial ocurrido en las últimas horas en la Ciudad.

“Vamos a trabajar para restituir el decreto 70/2017 de Migraciones que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros que delinquen en nuestros país. Es con orden”, fue el misma red de Waldo Woff, tras dar una serie de datos que muestran la participación de extranjeros en hechos delictivos en la Ciudad de Buenos Aires.

En enero de 2017, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021 argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”, dijeron en aquel momento.

La relación con la provincia de Buenos Aires tras la tráfica toma en La Matanza

La ministra habló extensamente sobre la toma de terrenos en La Matanza, donde cinco personas murieron en medio de un enfrentamiento. En ese sentido, apuntó contra las autoridades provinciales y municipales, habló de “permisividad” y hasta esbozó una posibl connivencia política con los usurpadores.

“Creemos que la permisividad permanente que existe en la provincia de Buenos Aires respecto a las usurpaciones generan un clima en el que las personas pueden tomar un terreno sin consecuencias. Es un tema que viene sucediendo hace tiempo y es absolutamente contrario a lo que pensamos. Creemos que hay que tomar decisiones urgentes respecto de los desalojos”, dijo la ministra.

Bullrich sostuvo que lo que ocurre en La Matanza “es un caso especialísimo” porque, afirmó, hay “connivencia entre punteros que se convierten en narcotraficantes, y también hay políticos que lucran con esto”.

La excandidata presidencial también dijo que habla “permanentemente” con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y que están terminando de acordar la participación de las fuerzas federales de seguridad. De todas formas, advirtió que “una cosa es el rol de la Policía y otra es la permisividad respecto a la usurpación”.

“El hecho es que las usurpaciones no son inmediatamente evacuadas para que la tierra se recupere y todos los argentinos estén en igualdad ante la ley. En eso tenemos una diferencia muy fuerte con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en especial en La Matanza, que permiten que se tomen tierras y no actúan de manera inmediat. Tierra que se usurpa, tierra que se desaloja, esa es nuestra consigna y estamos para ayudar a la Provincia de Buenos Aires en lo que nos pidan. La tierra no se usurpa, esa es la consigna de nuestro gobierno y la vamos a llevar adelante”, apuntó.

La situación que vive Santa Fe y las amenazas al gobernador Pullaro

Bullrich también fue consultado sobre la situación respecto del narcotráfico que vive la provincia de Santa Fe y las amenazas que viene recibiendo el gobernador Maximiliano Pullaro. La ministra contó que habló esta mañana con el mandatario y que el viernes lo recibirá en el Ministerio de Seguridad.

“Tenemos a todos nuestro personal penitenciario amenazado, están con 140 presos de alto riesgo que tenemos en cárceles federales. Hay que trabajar bajo esta presión, en el Ministerio de Seguridad se reciben amenazas todo el tiempo. Intentan sacarnos de la cancha pero no nos van a sacar”, dijo Bullrich.

Además, dijo que la posible presencia del Ejército en Rosario “no es algo que esté decidido”, y si bien dijo que no es su cartera, contó que tuvo una reunión con el Ministerio de Defensa.

“Depende de lo que hagamos. Si nosotros golpeamos todos los días, las amenazas van a ser todos los días para desbaratar el ánimo de las fuerzas de seguridad, asustar a las familias y a los ciudadanos. Nosotros no vamos regular el delito, no vamos a decir ‘ustedes menajen la zona tranquilos’. Nosotros vamos a ir a fondo y cuando uno va a fondo va a recibir amenazas y va a estar bajo presión”, aseguró.

Y agregó: “Por eso tenemos que equipar y proteger a nuestras fuerzas federales. Por eso presentamos el articulo 34 de legitima defensa que está en la Ley Ómnibus, eso tiene que salir porque las fuerzas de seguridad si sienten que van a terminar presos por actuar, la posibilidad de que bajen los brazos es enorme”.