La iniciativa fue presentada por el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y tiene como objetivo, según consta en los fundamentos del texto, “derogar un artículo de una ley impulsada por la gestión del Presidente Alberto Fernández, que empeora la falta de competitividad de un sector de la economía de inmenso valor socioeconómico, trasladando, una vez más, la responsabilidad de un Estado que debiera ser eficiente en el uso de sus recursos, hacia el bolsillo de los ciudadanos”.En concreto, Romero demanda eliminar “el artículo 115 de la Ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023″, prorrogado por el Ejecutivo para el corriente año. Este impuesto fue empujado en octubre de 2022 por la actual diputada camporista Paula Penacca y es, según explicó el legislador salteño, “abonada por los pasajeros de vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje, desde aeropuertos o aeródromos nacionales, recursos que son destinados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.“La nueva tasa, que entró en vigencia el 1° de diciembre de 2022, provocó un fuerte rechazo desde el sector aéreo comercial. La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), emitió en su momento un comunicado en el que sostenía que la Argentina es el país que más grava la actividad aérea en la región, y con la nueva tasa, ‘se encarece sustancialmente la tarifa del ticket que debe pagar el viajero, en ocasiones hasta duplicando la tarifa base que cubre la operación aérea’”, señaló Romero.El senador luego detalló: “La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) se sumó al rechazo a la medida y argumentó que ‘la seguridad en la aviación civil es una responsabilidad del Estado y, tal como recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es el mismo Estado quien debe cubrir con ese costo, sin trasladarlo al pasajero’”.

Romero también dijo que “sobre este último aspecto, el artículo que aquí se propone derogar prevé que esos recursos presupuestados sean destinados al servicio público de seguridad de la aviación, para evitar delitos que debieran ser prevenidos con capacitación y recursos de un Estado bien administrado, no cobrándole una tasa más al pasajero”.

Por otra parte, el senador agregó: “Actualmente, el 54% del valor total de un boleto aéreo que paga el pasajero en Argentina corresponde a tasas. Un dato revelador de un país que asfixia con gravámenes destinados a solventar un Estado ineficiente y que se empecina en neutralizar la competitividad de su economía. A ello se le agrega otro dato: operar en la Argentina es mucho más costoso que en cualquier país de la región, ya que los costos de navegación área son ocho veces más caro que en Chile y los costos de aterrizaje son casi el triple comparado con Paraguay (basado en un avión Airbus A320-200), según datos difundidos por IATA”.

La finalidad de la iniciativa es “buscar las herramientas para que el sector aerocomercial sea más dinámico, competitivo y un impulsor más de la economía, con un Estado eficiente en el control y en el servicio que brinda a los ciudadanos”, aseveró el legislador salteño.