Con la reciente publicación en el Boletín Oficial, entra en vigor la nueva Ley Antimafias, una reforma penal orientada a combatir el crimen organizado de manera más contundente. Inspirada en la Ley RICO de Estados Unidos y en la normativa antimafia italiana, la legislación busca dotar al Estado de herramientas ampliadas para investigar y sancionar a los integrantes de organizaciones delictivas.

Una de las innovaciones clave es la creación de un nuevo tipo penal que tipifica la participación en grupos criminales como un delito de carácter mafioso. Según esta medida, cualquier miembro de una organización puede ser acusado del peor delito cometido por alguno de sus integrantes, independientemente de su implicación directa en el hecho. Además, la ley permite duplicar y acumular las penas, llegando en algunos casos a superar los 50 años de prisión.

Otra medida destacada es la posibilidad de realizar arrestos preventivos durante la investigación. Con autorización de un fiscal competente, se podrán detener a sospechosos por períodos que oscilen entre 48 horas y 30 días, lo que facilitará la labor investigativa y el control del delito en sus etapas iniciales. Junto a esto, la norma permite el decomiso anticipado de bienes considerados producto de actividades ilícitas, transfiriéndolos de inmediato al dominio del Estado, con la garantía de restitución en caso de absolución.

La reforma también fortalece los mecanismos de investigación digital. Jueces y fiscales ahora podrán recurrir a la interceptación de comunicaciones a través de aplicaciones como WhatsApp, Telegram y otras plataformas virtuales, lo que ampliará las posibilidades de rastrear y desarticular redes delictivas. Además, se introducen disposiciones para declarar zonas sujetas a investigación especial, permitiendo que determinadas áreas geográficas sean objeto de un enfoque particular, incluso pasando la jurisdicción a la justicia federal cuando sea necesario.

Carlos Manfroni, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Nacional y uno de los impulsores de esta medida, subrayó que la ley establece penas disuasivas y amplía notablemente las facultades investigativas de la justicia. Según Manfroni, estas innovaciones responden a la necesidad de contar con un marco legal robusto que permita actuar de forma proactiva contra las organizaciones criminales y frenar la impunidad en el país.

Con la implementación de esta normativa, el Estado argentino refuerza su lucha contra el delito complejo, buscando no solo endurecer las sanciones, sino también prevenir futuras actividades ilícitas mediante una investigación más eficaz y el decomiso inmediato de bienes relacionados con el crimen organizado.