A través de la resolución 14/2023 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Gobierno argentino volvió a pronunciarse acerca de la normativa vigente en nuestro país para motovehículos, un tema largamente dilatado en una sucesión de resoluciones que pretenden acercar al país al contexto internacional en lo que hace a emisiones (y también seguridad, dado que algunas normas Euro incluyen requisitos en este apartado, fundamentalmente de motos para el uso en el ámbito urbano).

Para ponernos en contexto, Argentina es hasta el momento el único país de la región -y uno de los pocos en el mundo- en el que no regía formalmente ninguna norma en vigencia (o lo hacían versiones muy tempranas de las mismas las que ya han quedado obsoletas).

Europa terminará de entrar en 2024 con la norma Euro V para motos (que suma requisitos como el control de venteo de los tanques de combustible, no solo emisiones de escape). En Brasil se encuentra plenamente vigente desde 2016 la norma Euro IV, que también obliga a la utilización de frenos CBS/ABS y a partir del primer día de este año sólo se pueden introducir nuevos modelos que cumplan con la exigente Euro V. En ese mismo país, la norma Euro II entró en vigencia allá por 2006, y Euro III en 2009.

En el caso de nuestro país, la flamante resolución incorpora un nuevo calendario que deroga la resolución 42/2018, que establecía un calendario de adecuación a 78 meses -setenta y ocho meses, no hay error de tipeo- que implicaba la plena vigencia de Euro IV motos para el 1 de Febrero de 2025, y la infame resolución 460/2019, publicada seis días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior. Y que prorrogaba dicho calendario por 24 meses para una vigencia efectiva de Euro IV (no Euro V) a partir del 1 de Febrero de 2027, para dar lugar a un nuevo calendario que vuelve a prorrogar su implementación a un período de 84 meses, es decir hasta enero de 2030.

La nueva resolución, al igual que las anteriores, incluye un calendario de adecuación con las siguientes implicancias:

* Euro III: Se establece la obligatoriedad de presentar Euro III para la presentación de nuevos modelos a partir de Octubre de 2024, y su total vigencia a partir de Septiembre de 2026.

* Euro IV: Se establece la obligatoriedad de presentar Euro IV para la presentación de nuevos modelos a partir de Septiembre de 2026, y su total vigencia a partir de Enero 2030.

* Motos eléctricas: Además se suma un requisito para la comercialización de motos eléctricas, consistente en la presentación de un informe de emisiones parásitas de radiofrecuencia (WMI-VDS) y la obligatoriedad de cumplir con requisitos en este sentido a partir de Enero de 2026. También se suma el requisito de presentar ensayos de compatibilidad electromagnética y consumo equivalente de combustible y CO2 a partir de Octubre de 2024 (misma fecha que Euro III combustión.

En síntesis, contamos nuevamente con un calendario de adecuaciones para el parque local de motovehículos, lo cual es una ventaja a la hora de planificar actividades de incorporación de nuevos modelos, decisiones de importación, infraestructura de soporte técnico, etcétera.

Desde el lado de las desventajas podemos citar las siguientes:

1. Se trata de un cronograma notablemente retrasado respecto de nuestro gran vecino y socio comercial, con un desfasaje de 14 años en lo que hace a la norma Euro IV e indefinido respecto de la Euro V.

2. Incluso en términos globales quedamos más a merced de la disponibilidad de stock y saldos de modelos viejos en china que de un desarrollo y modernización planificada del parque vehicular, con ejemplos destacados como la prohibición total de vehículos a combustión de baja cilindrada en la India a partir de 2025.

3. Al igual que la adecuación normativa de seguridad convenida con los fabricantes el año pasado, los cambios relevantes se producen fuera del actual período de gobierno, lo que nos deja a merced de nuevos giros de timón, como sucedió con la obligatoriedad del ESP en la gestión anterior, y las prórrogas antes mencionadas, muchas de las cuales merecerían una evaluación judicial si no fuera porque no revisten interés político.

Desde aquí, y a título completamente personal, vaya mi más sincera felicitación al lobby de ensambladores (“fabricantes”, como les gusta que los llamen) de motos locales, que han logrado una vez más poner el logro de rentabilidades extraordinarias por encima de la salud y la seguridad vial de la población. Son un ejemplo de tenacidad, estrategia y persuasión que en manos del cuerpo diplomático lograrían que Argentina tuviera salida al pacífico y tal vez recuperar la porción de California capturada por Hipólito Bouchard en 1818 sin mayor esfuerzo y en pocos años. Tenemos motos basura para rato.