El proyecto plantea la modificación del artículo 72 del Código Penal, que actualmente clasifica ciertos delitos, incluyendo la violencia de género, como "de instancia privada". Con esta iniciativa, cualquier fiscal podría intervenir e investigar de oficio cuando se tenga conocimiento de que una mujer está siendo víctima de violencia debido a su condición de género.
Los legisladores argumentan que muchas veces las mujeres no denuncian la violencia que sufren debido al miedo, la coerción y la presión social. La propuesta busca apoyar a las víctimas en el proceso de denuncia, facultando a la justicia a actuar por iniciativa propia. El proyecto también incluye delitos sexuales y otros actos de violencia que actualmente requieren una denuncia por parte de la víctima para iniciar el proceso judicial.
Los diputados afirman que esta reforma garantizará que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a las mujeres y perseguir a los agresores, incluso cuando las víctimas no puedan o no deseen instar la acción penal. La iniciativa busca promover una mayor justicia y reforzar el compromiso de Argentina con los tratados internacionales en la lucha contra la violencia de género.
El proyecto de ley también enfatiza la necesidad de que las víctimas cuenten con el apoyo de instituciones especializadas durante todo el proceso judicial, asegurando un acompañamiento integral que facilite su recuperación y acceso a la justicia.
Este proyecto se presenta como un paso significativo hacia la protección de las mujeres y el fortalecimiento de las políticas públicas contra la violencia de género en Argentina.
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