Con un ojo puesto en la desaceleración de la inflación y el otro en las cuentas fiscales, el ministro de Economía, Luis Caputo deberá definir en los próximos días un tema clave para ambos frentes: la actualización del impuesto a los combustibles.

En medio de la negociación en el Congreso para avanzar con el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, esencialmente con la suba de retenciones que cosecha el firme rechazo de la oposición más dialoguista, la suba del impuesto al combustible es referida como una alternativa para compensar los menores recursos si el oficialismo no logra avanzar en su plan. Sin embargo, aun cuando finalmente lograra ese apoyo, la suba del impuesto a los combustibles luce inevitable. También será inevitable, en consecuencia, el aumento en el precio de la nafta. Como corolario, la expectativa de una inflación que profundice la tendencia a la baja durante el mes próximo, cuando además se producirá la suba de tarifas, también quedará interpelada.

El denominado impuesto a los combustibles son en rigor dos tributos de suma fija -el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono- que se ajustan trimestralmente desde 2018 de acuerdo a la evolución de la inflación. Ese ajuste impacta en su totalidad en el precio final de la nafta.

Sin embargo, hace dos años y medio que el monto que percibe el Estado por ese tributo está congelado. Esto porque en plena escalada de la inflación, la actualización trimestral se prorrogó sucesivamente. La última postergación fue en noviembre último cuando, a través de una resolución de la AFIP, el Poder Ejecutivo postergó hasta el 1° de febrero de 2024 “los efectos de los incrementos en los montos de impuestos establecidos en la Ley 23.966 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil”. La norma aclaró que “los incrementos en los montos de dichos impuestos que resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario de 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario de 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario de 2023, surtirán efectos a partir del 1° de febrero de 2024, inclusive”.

En otros términos, el Gobierno deberá decidir la próxima semana en qué medida actualizará el impuesto, lo que determinará el impacto en el precio de la nafta. Actualmente, entre ambos tributos, la suma fija asciende a unos $20 por litro, lo que representa menos del 3% del precio del combustible cuando históricamente implicó más de 10% del precio de surtidor. Vale aclarar que se trata de un impuesto de muy fácil recaudación y también muy alta recaudación, en situaciones normales. Sin embargo, su peso en la recaudación total se licuó de manera drástica en los últimos años, al punto que durante el año pasado creció, en términos nominales, apenas 22% comparado con una inflación 10 veces mayor.

El dilema para Caputo ahora no es menor. Fuentes oficiales confirmaron que se está evaluando el asunto, aunque todavía no hay una definición concreta. Es que lo que ocurra en el Congreso con las retenciones puede resultar determinante en la agresividad que se le aplique al sendero de corrección de ese impuesto. O, incluso, para un nuevo mecanismo de aplicación.

Con shock o gradualismo, la necesidad de decidir sobre la cuestión no podría ser más inoportuna para Caputo. Si bien hay señales de desaceleración de la inflación en lo que va de enero, febrero es el verdadero test para el equipo económico, que aspira a un indicador por debajo del 15%. Sin embargo, el ajuste de tarifas dispuesto tanto el luz, como electricidad y también transporte implicaría un impacto de al menos 7 puntos porcentuales, Sumarle una nueva suba en el precio de la nafta conspiraría seriamente contra el objetivo inicial y tendría, también, un impacto impredecible en las expectativas inflacionarias. Como recordatorio, el cálculo de los petroleros es que, cada 10% que se sube el precio de la nafta, el IPC acusa 1 punto más de inflación.