Ese mismo año el Ministerio Público Fiscal de la Nación creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que significó la jerarquización –y continuación- de las actividades llevadas a cabo por la anterior Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE).
Su tarea, a grandes rasgos, abarca desde la realización de investigaciones preliminares propias; la colaboración en los expedientes de otras fiscalías y/o juzgados; el registro de las investigaciones y de las estadísticas en la materia a nivel nacional; el dictado de capacitaciones y seminarios nacionales e internacionales a organismos públicos y privados; y la representación de MPF en diferentes foros regionales e internacionales, como en la coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) de la AIAMP.
Casos e investigaciones
De acuerdo a los datos que relevó la PROTEX, a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano, desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se iniciaron más de 3.700 investigaciones preliminares (a razón de 221 por año) y se trabajó, además, en más de 16.600 denuncias recibidas a través de la línea 145.
Se lograron 490 sentencias condenatorias en el fuero federal, en las que fueron condenadas 976 personas que perjudicaron al menos a 2305 víctimas.
De los 976 condenados, el 77,3% son argentinos. Y la mayoría varones: un 63,8%. En cuanto a las víctimas, el 78,6% son mujeres, un 20,9% varones y un 0,5% personas trans.
De las 490 sentencias condenatorias relevadas, el 74,3% fue por explotación sexual y el 24,5% por explotación laboral. El 1,2% restante fue por otra finalidad de explotación.
En Argentina, la lucha contra la trata de personas es un objetivo prioritario respaldado por un marco legal y una estructura institucional robusta. El Plan Nacional de lucha contra la trata y explotación de personas está centrado en cuatro ejes fundamentales: prevención; asistencia y protección a las víctimas; persecución y sanción de los responsables; y cooperación internacional.
En términos de diagnóstico y evaluación, los informes realizados y publicados por la PROTEX han destacado tanto avances como desafíos persistentes. Se ha observado un impacto positivo de las numerosas medidas adoptadas a lo largo de los años, especialmente en la sensibilización pública y la capacitación de operadores judiciales y de las fuerzas de seguridad. Asimismo, se han realizado avances en la identificación temprana de víctimas y en la coordinación interinstitucional a nivel nacional y provincial.
Por otro lado, se sigue propugnando la investigación de la corrupción facilitadora de la trata de personas y la realización de oportunas y eficientes investigaciones patrimoniales con miras a efectivizar las reparaciones económicas a las víctimas.
Ente este contexto, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas ha jugado un papel crucial como espacio de coordinación entre las jurisdicciones provinciales y el gobierno nacional. Este ente ha facilitado la articulación de políticas públicas y la implementación de estrategias integrales, permitiendo la identificación de retos en la asignación de recursos y en la homogeneización de prácticas entre provincias con realidades diversas.
Además, las mesas interinstitucionales de prevención y lucha contra la trata de personas se han posicionado como plataformas esenciales para el diseño de políticas locales adaptadas a contextos específicos. Estas mesas han promovido la colaboración entre organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales, fortaleciendo la respuesta integral contra la trata y la explotación.
La lucha contra la trata de personas requiere, como viene sucediendo, compromisos sostenidos en el tiempo y acciones coordinadas para proteger los derechos fundamentales y garantizar justicia para las víctimas.
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