En un reciente desarrollo judicial en Río Grande, la jueza federal Mariel Borruto resolvió el procesamiento de cinco personas involucradas en la presunta venta de cocaína a través de un local comercial de comidas. A pesar de las detenciones iniciales, estos individuos han recuperado su libertad, lo que ha generado diversas consultas sobre el estado del caso y las medidas impuestas. El secretario del juzgado federal, el doctor Juan Vicente, se refirió a dicho caso y detalló como continúa la causa
“Tal como lo habíamos adelantado, se conoció la resolución por parte de la jueza federal Mariel Borruto del procesamiento de las cinco personas que estaban involucradas en la presunta venta de cocaína aquí en la ciudad de Río Grande a través de un local comercial”, explicó Vicente.
La investigación se inició en febrero, luego de varias denuncias anónimas que alertaban sobre un grupo de personas dedicadas a la venta de estupefacientes. “A partir de esa investigación se pudo acreditar lo suficiente como para ordenar los asesoramientos y las detenciones de estas personas”, afirmó el secretario.
Las técnicas utilizadas por los acusados para comercializar las drogas incluían “contactos telefónicos por mensajería, digamos, por mensajes de redes como Whatsapp y Instagram, se hacían los contactos, se acordaba un punto de encuentro y se entregaba la sustancia”. Este sistema fue considerado por la justicia como parte de una estrategia para encubrir la venta de drogas, utilizando el local de comidas como pantalla. “
A pesar de las evidencias, las cinco personas procesadas, identificadas como José Ezequiel Ledesma, Luciano Constantino, Cristian Herrera, Nelson Ledesma y Jenmar Mota Mariño han quedado en libertad. “La regla dentro del proceso penal es que las personas tienen que estar en libertad, transcurrir el proceso en libertad”, aclaró el secretario, destacando que no se verificaban riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación.
La investigación, sin embargo, continúa. Se han secuestrado aproximadamente “174 gramos de cocaína, que más o menos responde a lo que sería una pequeña organización de narcomenudeo. En cuanto a la existencia de más personas involucradas, Vicente aseguró: “De momento, por lo que se ha investigado, no habría más personas involucradas”.
Uno de los incidentes destacados en este caso fue un choque de una de las personas procesadas con una camioneta, que generó un revuelo mediático. Vicente aclaró que “ese es un hecho distinto, independiente”, ya que la mujer involucrada no tenía relación con la causa.
La situación del local comercial vinculado a la venta de drogas es ahora un punto de interés. “En el momento el local está clausurado, hay un pedido de devolución que se está tramitando”, explicó Vicente, quien agregó que se están investigando los propietarios y la habilitación del comercio para determinar los próximos pasos.
Este caso ha desatado una serie de interrogantes sobre la situación de la droga en la región y el impacto de las acciones judiciales en el proceso de investigación. Como conclusión, Vicente enfatizó: “Hay que decir que más allá de la libertad, la causa continúa”.
Con la mirada puesta en el futuro, se anticipa que este proceso judicial podrá llevar a una instancia de juicio, donde se determinarán las responsabilidades de los involucrados.
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