Esta semana empezó a discutirse en Diputados la implementación de la Boleta Única de Papel, un método de voto que reemplaza a la tradicional boleta por partidos políticos. En la primera jornada de discusión (en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto) no hubo unanimidad de criterios sobre la conveniencia de su aplicación. La mayoría de los expositores convocados por la oposición defendió la idea; pero también se mostraron reparos.

Uno de los argumentos centrales a favor de su implementación fue que presuntamente disminuiría los riesgos de fraude, especialmente vinculado al robo de boletas.

La Cámara Nacional Electoral es el máximo órgano judicial electoral de la Argentina. Por encima de ella está solamente la Corte Suprema. Desde hace años, la Cámara pide avanzar con la implementación de la Boleta Única. Sin embargo, al escuchar los argumentos del debate se encendieron en esos pasillos judiciales algunas alarmas.

Uno de los argumentos que están planteando quienes ahora piden los cambios en el sistema es que evitaría el fraude que presuntamente se realiza en cada una de las elecciones que vivimos, quizás desde 1983 hasta ahora. “La Cámara viene apoyando la boleta única, principalmente porque garantiza la disponibilidad de boletas para todos los votantes y reduce de manera importante los costos, que en el sistema actual están sobredimensionados”, explica una fuente judicial. “Pero es importante aclarar que con el actual sistema de votación, la legitimidad de nuestros procesos electorales no está en juego”, plantearon desde esa sede.

¿Cuál es el riesgo? Este debate, con el argumento de que las elecciones son fraudulentas sin Boleta Única, podría poner en duda la legitimidad de procesos electorales futuros. “El tema es que si no sale no quede la idea de fraude asociada al sistema electoral”, plantean.

Es importante aclarar, entonces, que con el actual sistema electoral:

1983: ganó Alfonsín, dando un batacazo contra el peronismo.

1987: venció el peronismo opositor.

1989: ganó Menem y reeligió en 1995.

1999: hubo cambio de signo y volvió la UCR con De la Rúa.

2003: Kirchner se impuso con el aparato de la provincia de Buenos Aires, pero sin apoyos en el resto del país.

2009: ganó la oposición en provincia de Buenos Aires.

2011: volvió a ganar oficialismo.

2013: ganó la oposición en la Provincia.

2015: ganó Macri y por primera vez llega al poder un presidente que no tiene origen en los dos partidos mayoritarios.

2019: volvió el peronismo al poder.

2021: ganó la oposición.

En ninguna de esas elecciones a nivel nacional hubo denuncias de fraude, al punto que cuestionaran la legitimidad de los comicios. Sí existieron denuncias menores, advertencias de faltantes de boletas y otras trampas que no alteraron el proceso.

Más allá de las elecciones nacionales, tampoco a nivel subnacional (elecciones a gobernador, por ejemplo) hubo grandes problemas. Existieron denuncias en 2015, en la pelea por la gobernación de Tucumán (Manzur vs. Cano), o en la elección de Chubut en 2011 (Buzzi vs. Eliceche, que se definió por 401 votos).

Es cierto que el sistema, tal como está armado, desalienta a los partidos chicos, dificulta la fiscalización y alienta la creación de partidos cuyo único fin es recibir el financiamiento del Estado para la impresión de boletas y generar un negocio para los líderes de esos espacios.

Pero eso tendrá que ver con otros cuestionamientos y no con que las elecciones sean fraudulentas.

La Constitución y la Boleta Única

La Constitución Argentina, en su artículo 38, dice que “los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”.

Es decir, que expresamente en la Carta Magna se asigna un rol para los partidos. No se habla de “candidatos”. El sistema presupone que los candidatos se agruparán en torno a partidos políticos y que la gente va a votar a un partido que lleva a un candidato.

El sistema de Boleta Única propone tácitamente votar a candidatos individuales. La persona toma su boleta y elige candidatos para cada una de las categorías (presidente, legisladores, cargos provinciales) sin importar demasiado a qué partido pertenece. De hecho, nunca queda del todo explicitado (por ejemplo, en legislativas) quiénes integran las listas. Esto está perfectamente detallado en la boleta tradicional.

Un problema que hasta ahora no existía y que la Boleta Única crea.

La Boleta Única y la gobernabilidad

El principal riesgo de la Boleta Única es que maximiza la chance de que los electores elijan en zigzag. Un candidato a presidente de un espacio, la lista de diputados de otro y senadores de un tercero.

Esto podría ser entendido como un buen ejercicio de la ciudadanía; cada individuo tendría que optar a conciencia a quién prefiere en cada categoría. Suena lindo en el ideal.

En la práctica, el voto a conciencia se da solo en la categoría principal y el resto se va eligiendo casi por descarte. El sistema electoral también tiene que simplificar las cosas: es imposible que un ciudadano medio conozca a 20 candidatos de cada una de las categorías para decidir racionalmente a quién quiere elegir para cada una de ellas.

Otra vez, es importante el rol de los partidos para mediar y ofrecerle a cada ciudadano las alternativas que más se ajusten a sus ideas e intereses.

Ese partido después tiene que defender en el Ejecutivo o en el Congreso esas ideas, independientemente de quiénes sean los dirigentes que hayan resultado electos. Obviamente, esto puede ser una utopía, pero es el ideal que persigue el sistema.

La boleta única propende a la fragmentación del sistema, incentiva los personalismos, fomenta la postulación de jugadores individuales y genera complicaciones para que los partidos políticos puedan defender sus planes de gobierno (sea desde el oficialismo o desde la oposición).

¿Esto significa que es mala la Boleta Única?

No es mala en sí misma. Pero tampoco es la solución automática a muchos de los males que se le achacan a la política argentina.

Pese a todo, nunca hubo denuncias de fraude que hayan podido cambiar una elección.

No está claro que está herramienta vaya a solucionar estos posibles problemas.

Hay que tener en claro que todos los sistemas tienen sus pros y sus contras. Quizás soluciona algunos problemas, pero va a generar otros.

Los tramposos siempre encuentran algún recoveco para seguir haciendo trampa.

El sistema electoral no solo tiene que servir para garantizar que cada ciudadano exprese lo más libremente posible su voto, sino también para contribuir a la estabilidad del sistema democrático, de modo de que aquel que asume en la presidencia después pueda gobernar (con los controles correspondientes).

Y también tiene que servir para simplificarle la elección a un ciudadano al que le interesa ejercer sus derechos políticos (o no) pero que también tiene otros problemas en su cabeza: su laburo, su familia, sus amigos, su ocio…

Hacerle elegir entre 200 candidatos, como la foto que ilustra esta nota, no necesariamente va a ayudar a mejorar la vida democrática.