Todos estos datos son el resultado de un extenso informe de la Fundación Apolo al que tuvo acceso El Cronista. Allí se realizó un relevamiento de las 24 legislaturas provinciales a lo largo del año y que arroja datos sorprendentes.

Leandro Báez, el coordinador del trabajo que realizó la Fundación Apolo reveló a que el informe llevó más de cinco meses de elaboración y como conclusiones iniciales pudieron detectar que las Legislaturas provinciales gastan en comparación un 40% más que el Congreso Nacional. "El costo por legislador provincial es un promedio de 20 millones de pesos más por mes que un diputado o senador nacional", dijo.

Las provincias de La Rioja y Tucumán no presentan presupuesto 2022. Directamente no informaron el presupuesto de manejo presupuestario de sus legislaturas.

En tanto, la Fundación Apolo realizó una proyección de gastos presupuestarios de las Legislaturas por cada habitante. Así, las provincias que aparecen con mayor nivel de gasto presupuestario de sus legislaturas por habitante son Catamarca ($13.529), Tierra del Fuego ($13.625), Neuquén ($7.705), Chaco ($5.393) y La Pampa ($5.277), entre otras.

Se tomó el total del presupuesto de cada jurisdicción y se lo dividió en 365 días, luego al mismo se lo dividió en 24, que son la cantidad de horas que tiene cada día y finalmente al gasto que tienen por hora, se lo volvió a dividir en 60 para calcular el gasto del mismo por minuto.

GASTOS Y TRANSPARENCIA

De esta manera, las legislaturas que más gastan por día son las legislaturas de Buenos Aires ($76.439.709), CABA ($33.206.757), Santa Fe ($37.285.521), Chaco ($18.140.179), Santa Cruz ($18.140.179) y Neuquén ($14.369.180) entre otras.

También se analizó el costo presupuestario por cada legislador a lo largo del año y el ranking arrojó que Chaco lidera la nómina con $206.911.411 por cada legislador, le sigue Buenos Aires con $202.177.493; CABA con $202.007.443; Santa Fe con $197.235.000; Tierra del Fuego $165.302.824 y Neuquén $149.850.019 por cada diputado.

Por otra parte, el índice de transparencia legislativa federal es una herramienta de investigación que cuenta con tres informes. El primero de ellos es una Guía de las leyes jurisdiccionales de Acceso a la Información Pública. En dicha guía se realizó un análisis de las diferentes dimensiones entre las que se cuentan los plazos y aplicaciones de la ley de acceso. En segundo lugar se encuentra un análisis presupuestario de los poderes legislativos provinciales, en los mismos se investigó el presupuesto 2022 de cada uno de ellos y se realizó análisis de las siguientes dimensiones.

En la Fundación Apolo destacaron que no tienen vinculación con ningún partido o asociación política y trabajan para "contribuir al fortalecimiento institucional de la Argentina mediante el desarrollo de mecanismos de control, la promoción de la profesionalización de los gobiernos locales y la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos".

En relación a la ley de acceso a la información pública, el informe destaca que la mayoría de las provincias cuenta con una ley de acceso para que los ciudadanos puedan conocer el funcionamiento del Estado.

Sólo las provincias de Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan y Tucumán no cuentan con esta herramienta legal. Esas provincias nunca se adhirieron a la ley nacional de acceso a la información pública lo que las hace más opacas en términos de transparencia de la función pública.

La mayoría de las provincias aplica la ley de acceso a la información pública para los tres poderes del Estado y ofrecen entre 10 y 15 días promedio para dar una respuesta a la ciudadanía que requiere de datos.

En relación al Indice de transparencia la Fundación Apolo muestra un indicador de transparencia de los poderes legislativos pertenecientes a los gobiernos subnacionales de la Argentina.

A cada uno de los mismos se le realizaron pedidos de acceso a la información pública teniendo en cuenta las leyes provinciales sobre la materia. Los pedidos constan de 30 preguntas, cuyas respuestas cuentan con un determinado puntaje.

Los parámetros utilizados para medir el índice de transparencia fueron dados en función de cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, la participación activa (se refiere a la participación ciudadana de partes involucradas en los proyectos de ley; el indice de Transparencia Legislativa Federal; el acceso a los presupuestos y gastos de las legislaturas provinciales (se refiere a las diferentes erogaciones que realiza el cuerpo legislativo); la rendición de cuentas (transparencia y acceso a la ejecución presupuestaria); los métodos de contratación de proveedores (forma de contratación de los diferentes proveedores de las legislaturas); el método de liquidación de haberes; y los gastos discrecionales (se refiere a la ejecución de gastos sociales, subsidios y apoyo económico a diferentes actores.

De esta manera, sólo respondieron al cuestionario de transparencia las provincias de la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sobre estas, la que mejor puntaje obtuvo fue la CABA (0,8) teniendo en cuenta que 1 el número de mayor transparencia y le siguieron La Pampa (0,52) y Tierra del Fuego (0,62).