Las barreras que prohíben el uso del cannabis para producir medicamentos, cosméticos, alimentos o autopartes, entre muchas otras cosas, están a punto de desintegrarse. El Estado argentino dio un paso más hacia la regulación de una nueva e incipiente industria que genera expectativas en todo el planeta: la de la planta de marihuana.

La comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados firmó ayer martes el dictamen para que el proyecto diseñado por el Gobierno entre en debate y votación en la próxima sesión. Este miércoles al mediodía se tratará en Presupuesto, la firma que falta. Debería ocurrir una situación extraña e inesperada para que no obtenga también el dictamen que necesita para volar al recinto.

De los 34 presentes en la reunión de comisión de ayer martes, 25 votaron a favor de avanzar con el proyecto de “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial”, que ya tiene la media sanción del Senado desde julio pasado.

El proyecto tuvo el apoyo unánime de los 17 legisladores del Frente de Todos y de seis del bloque Juntos (cuatro de la UCR y dos del PRO). Entre los que rechazaron la iniciativa se destacan el vicepresidente de la comisión, Pablo Torello, y el ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile.

El ministro de Desarrollo Industrial, Matías Kulfas, defendió el proyecto de forma presencial en la reunión de la comisión, tal como lo había hecho (virtual) en el Senado. Destacó que la industria del cannabis generará rápidamente “empleos de calidad, exportaciones, conocimiento” y aseguró que “todas las provincias tienen alguna oportunidad, se pueden reconvertir sectores productivos como el tabacalero”.

El gobierno de Alberto Fernández aspira a que el país tome el lugar líder regional en el negocio del cannabis industrial. Kulfas repite que las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas de una nación con tradición en la industria agrícola y prestigio en sus investigadores del Conicet o el INTA aportan confianza para el sector a nivel mundial.

“Necesitamos una ley para legalizar la producción y el desarrollo de la industria sujetos a las recomendaciones de Naciones Unidas y los países pioneros en esto, como Israel o Canadá. Las regulaciones apuntan a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar trazabilidad de los productos, especialmente en los de uso medicinal. Eso nos va a permitir además tener un producto de calidad. Hoy lo que vemos en el mercado internacional es una variabilidad enorme de precio, y si entramos con marca país de calidad vamos a entrar con buenos precios”, explicó a los legisladores y consideró que la prohibición de la variedad de la planta que se usa de forma industrial, que rige en Argentina desde 1977, es “injusta”.

En el Gobierno prometen que la reglamentación de la ley apuntará a preferencias y facilidades para Pymes y cooperativas, políticas para financiamiento y acompañamiento para ONGs con el fin de que se adecuen al marco regulatorio. Y aseguran que el mecanismo para la autorización de producción del cáñamo no medicinal será “flexible”.

Se espera que con esta regulación el mercado local disponga de ropas, calzados, cosméticos, materiales de construcción, autopartes o “súper alimentos” ricos en Omega 3 y 6 fabricados a base de esta planta y sus semillas. Y que también se desarrolle la exportación de estos mismos elementos y tecnología aplicada a esta nueva matriz productiva. La proyección módica que hacen en el Ministerio de Desarrollo Productivo es que la nueva industria del cannabis podrá generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos tres años.

En la reunión de comisión del martes también expusieron las diputadas Carolina Gaillard (Entre Ríos, Frente de Todos) y Mara Brawer (CABA, FdT), la dupla del bloque oficialista que trabajó en el proyecto de ley junto a un equipo de economistas de Kulfas.

“La ley de uso medicinal no garantizó el acceso a la salud de los pacientes, no garantizó la producción para emprendimientos, a la ley le falta una parte y esa parte es esta ley, que da permisos para cultivar, comercializar, exportar no solo cannabis medicinal sino cáñamo industrial. Es una regulación para el desarrollo productivo, central porque si no las familias tenían que importar productos de Uruguay, Chile o acudir a los cultivadores solidarios o cultivadores que cobran de manera ilegal, con productos que pueden no tener los estándares de calidad”, dijo Gaillard.

De momento existe en Argentina una decena de proyectos relacionados al cannabis, entre los que se destacan los de la empresa estatal de la provincia de Jujuy, Cannava, o el proyecto productivo público privado de la provincia de San Juan. En ambos casos ya comenzaron la producción. Sin embargo, debido a que falta una ley que regule la producción y comercialización, están atados exclusivamente a la investigación y el desarrollo.

La ley que tiene media sanción prevé la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Ca?n?amo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Tendra? como funcio?n -entre otras- regular la importacio?n, exportacio?n, cultivo, produccio?n industrial, fabricacio?n, comercializacio?n y adquisicio?n de semillas, de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.

La diputada Brawer se refirió en su exposición a los aspectos históricos del uso de la planta por parte del ser humano desde tiempos inmemoriales. Y recordó el plan que tenía Manuel Belgrano para traer desde España este “cultivo provechoso”.

“Estamos cumpliendo el sueño de Belgrano pero en el siglo XXI. Se puede usar toda la planta, se producen distintos derivados desde la raíz pasando por el tallo, las hojas. Podemos hacer bioplásticos: Mercedes Benz, Audi, BMW y Lotus hacen autopartes con cáñamo. Se puede reemplazar a la fibra de vidrio como aislante del frío, calor y humedad, por eso también se hacen camas para ganado. Se pueden hacer pinturas, solventes, ladrillos, tiene una enorme capacidad productiva y huella de carbono negativo, por lo tanto cumple con los objetivos del desarrollo sustentable”, explicó la legisladora porteña.

El camino hacia la legalidad de esta industria, cuyo movimiento para 2025 en el país está estimado por el Gobierno en 500 millones de dólares anuales en consumo del mercado interno y USD 50 millones en exportaciones, se intuye allanado.

Una pista la dio la Agencia Nacional de Medicamentos (ANMAT), en una disposición publicada en el Boletín Oficial del martes y puesta en vigencia este mismo miércoles que establece que los productos cosméticos, para la higiene personal y perfumes que contengan cannabidiol (CBD, una de las moléculas de la planta) con no más del 0,2% de THC, podrán inscribirse bajo la clasificación grado 2.

Es decir que se podrán fabricar, importar, exportar y comercializar este tipo de productos de cannabis con sólo CBD en el mercado local. Según la disposición de ANMAT el rotulado deberá contener además las siguientes advertencias: “No ingerir, sólo para uso tópico”, “Producto cosmético, no apto para uso medicinal”, “Uso exclusivo en adultos”, “No se recomienda su utilización durante el embarazo o la lactancia”, “No aplicar sobre heridas o donde la piel no esté íntegra”.