La resolución firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel que congeló las dietas de los senadores nacionales vence el 31 de marzo. En ausencia de una nueva decisión en el recinto, los ingresos legislativos podrían registrar un importante aumento desde abril, especialmente si se concreta una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso.

La discusión podría reactivarse el próximo 3 de abril, cuando está prevista una sesión clave para tratar los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En ese mismo encuentro debería resolverse si se prorroga o no el congelamiento de las dietas.

De no haber una nueva resolución, los senadores volverían a percibir sus haberes conforme a la normativa aprobada en abril del año pasado, que los vincula directamente al valor de los módulos salariales del personal legislativo. Si a esto se suma un aumento estimado de entre el 6% y el 8% en las paritarias, los ingresos netos podrían escalar a los $7 millones, mientras que el sueldo bruto se ubicaría por encima de los $11 millones.

Actualmente, un senador nacional cobra, en promedio, $4,9 millones en concepto de dieta, $1,9 millones por gastos de representación y un adicional de $1 millón por desarraigo. Tras los descuentos por impuestos, aportes sindicales y contribuciones partidarias, el ingreso en mano ronda los $5,2 millones. Sin el congelamiento, esa cifra subiría automáticamente a unos $6,2 millones.

Desde que se firmó la primera resolución de congelamiento en enero de 2024, la vicepresidenta argumentó que el Senado debía “acompañar el esfuerzo del pueblo argentino” ante la crisis económica. La mayoría de los bloques avaló esa decisión y respaldó su extensión hasta fin de año. Sin embargo, el vencimiento del plazo obliga ahora a tomar una nueva postura institucional.

En este contexto, distintos legisladores han presentado proyectos para regular los sueldos del Congreso. El senador libertario Francisco Paoltroni propuso que las dietas sean equivalentes a diez jubilaciones mínimas, e incluyó la posibilidad de renunciar total o parcialmente a los ingresos legislativos mediante una solicitud formal. Según su iniciativa, el objetivo es establecer “un estándar ético de austeridad”.

Por su parte, José Mayans, titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta, presentó una iniciativa que plantea un tope a los ingresos de funcionarios de los tres poderes del Estado. Su propuesta establece que ningún salario público debería superar el equivalente a 20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, incluyendo cargos como presidente, vicepresidente, jueces de la Corte, legisladores y autoridades de organismos descentralizados.

Mientras tanto, fuentes sindicales anticipan que en abril podrían abrirse formalmente las discusiones salariales para los empleados legislativos. En caso de aprobarse nuevos aumentos, el impacto también alcanzaría a los senadores si no se define un nuevo congelamiento o un desenganche de sus haberes.

A pocos días de que finalice la resolución actual, el debate por los ingresos legislativos vuelve a escena, en un contexto de ajuste fiscal, tensión social y creciente presión sobre la clase política para que dé señales concretas de austeridad.