El legislador del FPV Ricardo Romano expresó su oposición a adherir a la Ley Micaela, tal como está redactada, porque impone una “ideología de género” que en lo personal no comparte, como tampoco muchos empleados estatales.

“Desde mi punto de vista merece más discusión y hay cosas que me parece que no corresponden. Se llamará a las personas interesadas para que puedan opinar. Desde mi punto de vista, toda la gente que está en contra de la ideología de género debería opinar antes de sacar un dictamen de comisión”, dijo por FM Del Sur.

“Por supuesto que cuando hablamos de violencia de género todos estamos de acuerdo. Nadie quiere la violencia de ningún tipo, menos la violencia de género. Pero esta ley nacional dice que la capacitación es obligatoria en la temática de género y la violencia de género. En lo que es violencia contra la mujer lo vamos a apoyar; pero la temática de género es ideología de género, y obliga a los empleados de los tres poderes del estado a recibir una capacitación que es un adoctrinamiento. Si no lo hacen, dice que van a ser intimados y se va a considerar una falta grave, y que habrá sanciones disciplinarias”, expresó.

“Me parece que esos puntos los deberíamos tratar con más cuidado, ante la cantidad de empleados públicos que recibirían esta capacitación, si se aprueba la ley así como está. El proyecto que manda el Poder Ejecutivo adhiere a la ley nacional, que es la 27499, y es una ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”, recordó. 

“La ideología de género está diciendo por ejemplo que uno nace varón o mujer pero luego es una cuestión cultural ser varón o mujer, y eso se está enseñando en las escuelas, y hasta en los jardines de infantes con nenitos de 4 ó 5 años. Los empleados públicos son personas adultas y me parece que merece que tratemos un poco más este tema”, planteó. 

“Yo no quiero crear enfrentamientos con nadie, y cada uno puede tener su idea, pero hay personas tienen una ambivalencia, por un lado son Pro Vida y se manifiestan en contra de la ideología de género, y por otro lado quieren que salga la ley así como está”, cuestionó.

“Hay personas que no estamos de acuerdo con este adoctrinamiento y hay que discutirlo un poco más. Esto no tiene que ver con la religión. No se tiene en cuenta que hay un gran grupo de personas que no van a una iglesia y piensan de esta manera. En la Constitución nacional el preámbulo invoca la protección de dios, como fuente de toda razón y justicia; y la persona que cree en dios tiene todo el derecho de defender su postura como otra que no cree y quiere imponer su manera de pensar. Los dos están en condiciones de debatir este tema”, subrayó Romano.

Apuntó que “la Constitución de Tierra del Fuego también habla de invocar la protección de dios y, el que cree en dios y cree en esos valores, no está de acuerdo con un adoctrinamiento de género, menos en las escuelas”.

Reiteró que “la ley dice que las personas que se nieguen a realizar las capacitaciones en género van a ser intimadas y tendrán una sanción disciplinaria, y hay mucha gente que está en contra en el estado. Lo que hace ruido es la capacitación obligatoria en temática de género”, puntualizó. 

“Yo con el género no tengo problema. Nosotros somos todos varones o mujeres y, aun cuando haya terceras posiciones, yo tengo amigos y amigas que tienen otra manera de vivir, porque son gays o lesbianas, y los respeto mucho, porque todos tienen el derecho de vivir como quieran. De hecho en algunas cuestiones los consulto. No es una cuestión de discriminar, sino una postura que uno ha tomado, ante un tema delicado, de seguir con el tratamiento en comisión”, dijo.

“Me parece que la capacitación del personal es importante en la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero la ley plantea la capacitación obligatoria en temática de género. Yo estoy totalmente en contra de la violencia, pero no quiero recibir adoctrinamiento de género porque no lo comparto, y estoy hablando por los empleados públicos que van a recibir obligados esta capacitación en género y a lo mejor no la quieren recibir. Creo que hay un montón de empleados públicos que van a estar en esta situación”, concluyó.