Los reclamos de los gobernadores también tuvieron eco en las modificaciones al dictamen de Ley Bases que se leyó al inicio de la sesión como carta de negociación para conseguir la aprobación del proyecto. Según notificó al resto del recinto el senador libertario Bartolomé Abdala, se incorporarán condiciones para evitar la parálisis de la inversión del Estado nacional en infraestructura.

Durante los últimos diez días, hasta diez gobernadores desfilaron por el despacho de Jefatura de Gabinete para llevarse convenios firmados con el titular del área, Guillermo Francos, que incluyen el traspaso de obras nacionales a la órbita provincial y el compromiso de financiar una porción menor de los trabajos pendientes por parte de Nación.

Entre los cambios que se mencionaron en el recinto y que las y los senadores someterán a votación en general, figura la inclusión de un nuevo artículo dentro del título III denominado Contratos y Acuerdos Transaccionales en el capítulo referido a la fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales.

La aparición del artículo 63 bis pone condiciones a la potestad que el Legislativo otorga al Ejecutivo en el artículo 63 del dictamen del plenario de comisiones sobre Ley Bases para disponer el cese de obras y concesiones de obras, bienes y servicios públicos que se hayan cerrado antes del 10 de diciembre de 2023 por un valor superior a los 10 millones de módulos, acorde a lo establecido en el DNU 1030/2016 -equivalente a $27.000 cada módulo- o el que lo reemplace en el futuro.

En el nuevo punto, el 63 bis, se establecen dos condiciones para frenar esas obras que van más allá de la intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Traza un porcentaje de obra realizada, luego del cual no se puede paralizar los trabajos. Y salvaguarda aquellas obras que tienen financiamiento internacional.

"Se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción".

Además fija que "en caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de noventa (90) días desde la publicación de la presente ley."

La demanda forma parte de los pedidos de las provincias para reactivar aquellos proyectos con un grado avanzado de desarrollo y cuya parálisis no solo impactó en el nivel de empleo local sino que también multiplicaban los cotos de culminación por el deterioro de las estructuras.

Acuerdo del Gobierno con gobernadores por obra pública

La administración nacional a cargo de Javier Milei continuó ayer con su plan para descentralizar la ejecución de las obras públicas hacia las provincias de todo el país. El último de los mandatarios que pasó por Casa Rosada fue el salteño Gustavo Sáenz, que ayer celebró el convenio alcanzado con Nación.

Antes, Francos se había reunido con Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba); con quienes dialogó sobre diversas temáticas ligadas al desarrollo productivo de cada provincia y sobre el traspaso de las obras públicas.

Con los dos primeros alcanzó un acuerdo que desembocó en una firma que oficializa la transferencia de las obras en manos de la Nación a aquellas provincias. En tanto, con Córdoba se asentaron las bases para las primeras negociaciones, así como temáticas relacionadas con el desarrollo económico y productivo provincial, según esboza el comunicado oficial de Jefatura de Gabinete.

El Gobierno pretende desprenderse de la responsabilidad de ejecutar obras que aún no han sido avanzadas. En su mayoría se tratan de obras hídricas, rutas nacionales, puentes y diferentes refacciones infraestructurales a los cuales el Poder Ejecutivo ya les avisó a los gobernadores que no les dará prioridad.

El lunes ya se habían firmado los primeros acuerdos entre Nación y otras tres provincias. También en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete y su flamante vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, recibieron a los jefes provinciales Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco); con quienes firmó diversos convenios para el traspaso de 80 obras públicas desde la Nación a las provincias.

"Para el Gobierno, la autonomía y responsabilidad de los estados provinciales son aspectos centrales. Se trata de un compromiso de campaña asumido por el presidente Javier Milei, que venimos conversando con mandatarios provinciales en los últimos meses", detalló Francos luego de ese encuentro, en el que participaron el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano y el titular del ENOHSA, Bartolomé Heredia.

Las únicas obras que seguirán teniendo algún tipo de intervención del Gobierno son aquellas que habían tenido financiamiento internacional previo, que deben pasar primero por Nación y después transferirse ese dinero a los distritos subnacionales.

Desde Jefatura de Gabinete remarcaron que los convenios de traspaso se dan ante una situación de emergencia pública y fiscal. "Desde el marco político, este Gobierno considera que no tiene por qué subsidiar obras que pueden ser hechas tranquilamente por las propias provincias", dicen desde Interior.

Hay otro número de proyectos que, por el contrario, sí están en estudio para ser ejecutadas por Nación. Son un total de 865 obras. Estas comprenden, por ejemplo, rutas que abarquen dos o más provincias en su traza, puentes y cloacas que tengan un mínimo de avance de entre el 40% y el 50%.