Desde que llegó el dictamen de la Ley Bases de Diputados al Senado se han dado de baja varias de las 11 empresas que se proponían privatizar. En este sentido, ¿qué empresas serían aún sujetas a venta o concesión? Durante la sesión, el senador libertario Bartolomé Abdala leyó los cambios a la nómina que remueve del listado a otras tres firmas del Estado.
En las sesiones del plenario -e incluso fuera de ellas- el pedido era reducir más aún la lista de empresas públicas sujetas a ser privatizadas, concesionadas o reconvertidas a un sistema híbrido. Específicamente, se esperaba remover de la lista a dos empresas que son consideradas estratégicas por una parte de la oposición como Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino.
Ya en el paso de la Ley Bases por Diputados, se había excluido al Banco Nación y todo su universo de empresas concatenadas, además de ARSAT. Esta vez, en el plenario de comisiones, los libertarios se mantuvieron firmes en no quitar más firmas de la nómina. Pero sumaron cambios en el recinto, en el arranque de la sesión.
El listado que había llegado a la Cámara de Senadores era: Aerolíneas Argentinas SA, Energía y Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE e Intercango SAU.
Asimismo, aquellas empresas que estaban sujetas a privatización o concesión eran: Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Correo oficial de la republica argentina SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
Sin embargo, durante la lectura del dictamen, el senador de La Libertad Avanza (LLA) Bartolomé Abdala admitió que habían sido retiradas: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina.
De esta manera, quedarían sujetas a las privatizaciones seis empresas públicas claves, de las 41 que habían sido presentadas originalmente por el Ejecutivo en la primera Ley Bases: Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Sociedad Operadora Ferroviaraia SE (SOFSE), Corredores Viales SA, Energía y Argentina SA e Intercango SAU.
Además se concedió ampliar de 30 a 120 días el plazo para que la Auditoría General de la Nación remita al Congreso un informe sobre el proceso de privatización de cada una de las empresas. Esta exigencia figura en el artículo 14 del texto que esperan rubricar como dictamen de mayoría. El examen de la AGN deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la ley 23.696.
¿Cuál es la situación actual de las empresas que se piensan privatizar?
Todas las empresas a privatizar cuentan con un director al frente de la empresa. Un ejemplo es el caso de Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas, quien forma parte de la compañía desde 2009, aunque mantuvo un breve lapso por fuera de la misma durante la presidencia de Mauricio Macri. La venta de esta empresa forma parte de una de las obsesiones de Milei.
Desde su asunción, Lombardo se ocupó de llevar a cabo un plan de regularización que constó de supresiones de ciertas gerencias y abrió un plan de retiros voluntarios para miles de trabajadores de tierra.
La presencia de titulares a cargo en los directorios de las compañías no quiere decir que el Gobierno busque mantenerlas, regularizarlas o privatizarlas.
El caso testigo de esto es el de Diego Chaher, quien oficia como interventor en Contenidos Públicos, EducAr, Télam y Radio y Televisión Argentina. Con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión de medios en el Grupo América, la cúpula libertaria lo colocó para liderar el esquema de cierre de las tres primeras y la regularización de la última para su posterior puesta en venta.
También hay casos que no se conocen titulares. Un ejemplo de ello es el de Corredores Viales, otra de las empresas que busca privatizar el Gobierno. En su página web solamente informa como el principal responsable al vicepresidente Eduardo Márquez. El último presidente fue Gonzalo Atanasof, quien fue desplazado y se mudó al Instituto Provincial de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires.
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