El expresidente Mauricio Macri aseguró que se presentará la semana próxima a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investiga si estuvo involucrado en las supuestas maniobras de espionaje ilegal a familiares y allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan, en tanto que el juez federal de Dolores Martín Bava podría declararlo en rebeldía si vuelve a faltar.

Tras dos faltazos, el juez federal interino de Dolores convocó al exmandatario para el jueves a las 12 "bajo apercibimiento de ley", lo que significa que podría declararlo rebelde y disponer su detención a fin de que comparezca ante el juzgado si Macri no se presenta y no tiene excusa válida que justifique una nueva ausencia.

"Vamos a estar el 28", dijo Macri el viernes en diálogo con Télam en el marco de su visita a Santiago del Estero para participar de un acto de respaldo a la candidata a gobernadora Natalia Neme, y al postulante a diputado nacional Facundo Pérez Carletti, ambos de Juntos por el Cambio (JxC), de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

La del jueves es la tercera fecha que Bava dispone para que declare Macri en indagatoria: la primera citación fue para el 7 de octubre, pero el expresidente se ausentó porque estaba fuera del país, mientras que la segunda convocatoria fue para el miércoles pasado, cita a la que el referente de Juntos por el Cambio tampoco concurrió.

El último miércoles, la defensa del expresidente, a cargo de Pablo Lanusse, recusó al juez, lo acusó de prejuzgar y sostuvo que no era imparcial, pero esa misma tarde el magistrado rechazó ese planteo "in límine" tras señalar que no se encontraba comprendido en ninguna de las causales de recusación.

"Se va a celebrar la audiencia indagatoria de Mauricio Macri el 28 de octubre (…) lo que no quiere decir que compartamos el rechazo de la recusación. Sigo enfatizando, claramente, que estamos en presencia de un juez manifiestamente incompetente territorial, claramente imparcial y que prejuzgó en perjuicio del caso y de Macri", sostuvo el abogado Lanusse, según difundió el diario La Nación.

Desde las querellas, sin embargo, desconfían de los dichos del abogado de Macri y temen que el exmandatario recurra a alguna argucia impredecible para volver a eludir la convocatoria.

Macri está imputado por haber "ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, según surge del expediente.

Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en "la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".

"Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes", sostuvo el magistrado en la resolución del 1 de octubre cuando citó a Macri a indagatoria.

"Dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri", explicó en otro pasaje de aquella resolución a la que accedió Télam.

Del expediente surge que los informes de inteligencia producidos por la AFI en relación a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan habrían llegado hasta el propio expresidente, quien se habría nutrido de los mismos para adelantarse a los reclamos o pedidos que pudieran hacerle.

En este expediente ya fueron procesados los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de quienes estaban a cargo de la base Mar del Plata de esa agencia, a quienes el juez señaló como responsables de haber realizado maniobras de espionaje a sabiendas de que estaban prohibidas por ley.

Esta causa se inició hace más de un año a partir de una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que dentro de ese organismo fueran halladas las pruebas del supuesto espionaje almacenadas en tres pendrives.

A pesar de que dirigentes cercanos a Macri aseguraron durante los último 20 días que el expresidente fue llamado a indagatoria sin siquiera estar imputado, del propio expediente e incluso de registros públicos como el portal de noticias "Fiscales.com.ar", que depende de la Procuración General de la Nación, surge que el exmandatario está imputado desde el inicio de la investigación.

El caso comenzó a investigarse en Mar del Plata con la intervención del fiscal Daniel Adler que, cuando le dio impulso a la pesquisa, detalló que la denuncia apuntaba, principalmente, a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y al propio ex presidente.

"De acuerdo con la denuncia efectuada, la imputación recae sobre el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional; el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y varios agentes de inteligencia", reseño el sitio Fiscales en una nota de septiembre del 2020 en la que se informó el inicio de la investigación.