En el marco de la delegación de Amnistía Internacional Argentina presente en Tierra del Fuego que se encarga de evaluar el estado de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, la abogada y directora Adjunta de la organización, Paola García Rey, cuestionó la situación en Río Grande, donde la aplicación de la ley aprobada en el año 2020 es imposible dado a la negativa del equipo médico en ampararse en la objeción de conciencia establecida en la norma.

En esa línea, García Rey, quien ya había visitado Tierra del Fuego en el año 2021, destacó los esfuerzos de algunos profesionales de la salud en Río Grande y Ushuaia por garantizar el acceso a los procedimientos de interrupción del embarazo y dijo “hay un esfuerzo articulado de poquitos profesionales de la salud, que es a pulmón, y con el compromiso con los derechos de las mujeres, procuran garantizar que las mujeres accedan a la práctica de interrupción total y legal del embarazo”.

Pero, de igual forma, sostuvo que en Río Grande aún se encuentran numerosas barreras y obstáculos, principalmente debido a que todo el equipo de profesionales del hospital de segundo nivel ha declarado objeción de conciencia. Recordemos que, la objeción de conciencia, reconocida por la ley, permite a los profesionales abstenerse de realizar un aborto por razones religiosas o personales. Sin embargo, García Rey enfatizó que esto no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar el acceso al aborto “el marco legal también es muy claro a la hora de establecer que esto, de ninguna manera, exime la responsabilidad del Estado de garantizar el aborto”.

De acuerdo con su testimonio, es responsabilidad del Ministerio de Salud a través de sus gestores y políticas, que administré los mecanismos necesarios para asegurar que exista un equipo médico en el hospital capacitado y dispuesto a brindar los servicios requeridos, situación que aún no se ha concretado.

Por lo cual, la directora Adjunta de Amnistía Internacional expresó su preocupación por las diferencias existentes entre Ushuaia y Río Grande. Mientras en Ushuaia se observó un equipo médico articulado que proporciona una atención integral y que responde a las necesidades de las mujeres y personas gestantes, remarcó que en “Río Grande tiene un hospital de segundo nivel que al día de hoy sigue generando obstáculos en la medida en que todo su equipo de profesionales se ha declarado objetor de conciencia”.

Debido a lo compleja que se torna dicha situación, ha llevado a que mujeres que superan las 12 semanas de gestación y no pueden acceder al aborto en el Hospital de Río Grande sean derivadas a otros lugares, lo que genera más complicaciones.

Entonces, García Rey señaló que, aunque es comprensible que en el ámbito de la salud existan derivaciones y traslados en casos de tratamientos de alta complejidad, en el caso del Hospital de Río Grande la falta de garantía de derechos más allá de las 12 semanas de gestación se debe exclusivamente a consideraciones personales del equipo y no por la falta de infraestructura o a la necesidad de una gran inversión.

Recodando que, el aborto legal ya está vigente en Argentina antes del 2020 y lo que cambió fue la ampliación de las posibilidades de acceso. Por lo tanto, resulta inadmisible que el Hospital de Río Grande se escude en un equipo que aún se resiste a cumplir con la ley.

Por tal motivo, la relación a las acciones futuras, García Rey afirmó que Amnistía Internacional busca generar espacios de diálogo y articulación con referentes o autoridades de los hospitales, así como con autoridades del Poder Ejecutivo, con el objetivo de avanzar en la implementación efectiva de la ley “falta mucho por hacer, el objetivo de Amnistía, más que solo establecer un diagnóstico, tenía que ver con generar espacios de articulación y de diálogo con todos los referentes, con las autoridades de los hospitales y especialmente con las autoridades con cargos jerárquicos dentro del Poder Ejecutivo”, concluyó la abogada.