El Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, luego de que se autorizara al buque San Arawa II, operado por la empresa Estremar, a pescar merluza negra durante la veda reproductiva. La decisión fue tomada a pedido del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), argumentando que la captura es necesaria para estudios científicos sobre el estado reproductivo de la especie en el Área de Protección de Juveniles de Merluza Negra (APJMN).

La autorización, que estará vigente hasta el 25 de septiembre, ha generado sospechas en el sector empresarial, que teme que la captura de merluza negra juvenil, de alto valor en el mercado internacional, esté más orientada a fines comerciales que científicos. La ley prohíbe devolver los ejemplares capturados al océano, lo que deja al Estado nacional con dos opciones: desechar el cargamento o comercializarlo.

Esta situación se da en un contexto de creciente desconfianza, con denuncias cruzadas entre empresas pesqueras y el Consejo Federal Pesquero. Recientemente, se acusó a funcionarios del organismo de solicitar sobornos por 15 millones de dólares a empresarios para renovar la cuota de merluza.

El San Arawa II ya estuvo envuelto en polémicas en marzo pasado, cuando capturó más de 40 toneladas de merluza negra juvenil frente a la costa de Tierra del Fuego, lo que generó preocupación por el impacto en la fauna marina. Este caso recordó el incidente de la empresa Prodesur, cuyo buque Tai An fue sancionado por capturar 140 toneladas de merluza negra sin tener cupo, lo que derivó en multas millonarias y renuncias de funcionarios.

Aunque el INIDEP defiende la autorización como un estudio necesario, sectores del ámbito pesquero señalan que este tipo de actividades bajo la excusa científica levantan suspicacias en un clima de tensión por la gestión de las cuotas de pesca en el país.