El viceministro de la Jefatura de Gabinete, Jorge Canals, dialogó con Radio Fueguina donde se refirió a la crítica situación que atraviesa el sistema penitenciario de la provincia y al proyecto de declaración de emergencia del sistema integral pública de la provincia.

Al respecto, comentó que “hay un asunto parlamentario que es del Movimiento Popular Fueguino que es del 2023 que plantea la necesidad de una emergencia en el servicio penitenciario y nosotros fuimos convocados por la Comisión N°6 para poder analizar y debatir este tema entre mayo y junio. Allí dialogamos sobre la posibilidad que tenía este proyecto para ampliar la discusión y no solamente hablar de la emergencia en lo que tiene que ver con el servicio penitenciario, sino una alternativa importante que es articular acciones entre lo público y privado.”

“Nosotros apelamos a una emergencia en el sistema de seguridad de la Provincia porque hay una realidad nacional muy compleja que tiene que ver con celeridad de contrataciones y muchos esquemas dolarizados.”

En este sentido, destacó que “tomamos esta iniciativa y uno considera que la situación del servicio penitenciario no es la óptima con el crecimiento de la comunidad carcelaria y la aceleración de los juicios que uno va observando. A razón de tres o cuatro juicio por mes y teniendo en cuenta los antecedentes que se venían dando en este tipo de delitos, uno visualizaba que no iba a disminuir la cantidad de presos.”

Para el funcionario provincial, “la única solución para el servicio penitenciario es la construcción de una nueva unidad carcelaria que se quiso construir hace dos años en Ushuaia y por diferentes motivos, contábamos con los recursos porque Nación hizo una apertura a todo el país, pero hoy no están y afrontar una nueva unidad carcelaria es muy complejo y no está en la posibilidad del Estado.”

Mientras tanto, “hay dos caminos alternativos. Uno que es paliativo y lo venimos desarrollando y está próximo a resolverse es el Anexo 4 para descomprimir la situación de la Alcaldía de Ushuaia, pero a su vez, ya estamos terminando los trabajos del cerramiento de unas de las gamelas que está lindera al Poder Judicial en Río Grande donde podrán en los próximos 30 días aproximadamente, trasladarse 60 internos.”

Consultado sobre el alojamiento de las mujeres internas, indicó que “hay un pabellón en la alcaldía de Ushuaia que es exclusivo para mujeres que está dispuesto. Cuando se descomprima la alcaldía y uno de los anexos de Ushuaia, trasladando presos a la ciudad de Río Grande, se irán logrando espacios. Hoy no se visualiza un crecimiento en la población carcelaria femenina como se está dando con los masculinos. Es una preocupación como toda la unidad carcelaria.”

Canals afirmó que “la seguridad por Constitución no es delegable a nadie, es una potestad y una responsabilidad del Gobierno de la Provincia. Lo que se puede hacer y se hizo en muchas partes del mundo, toda unidad penitenciaria trae consigo unidades de negocios. Se plantea quizá construir la unidad penitenciaria, toda la edificación, y todo lo que tiene que ver con los servicios que brinda el Servicio Penitenciario, salvo la seguridad, como, por ejemplo, lavandería y comida, terminan siendo una contratación a ese tercero que en cierta cantidad de años le permita recuperar esa inversión que hizo.”

Asimismo, sostuvo que “puede haber iniciativas que vengan del sector privado con una visión que pueda llegar a ser una propuesta que haga un privado sobre alguna cuestión. Por ejemplo, la propia Alcaldía que hoy está en pleno centro de la ciudad de Ushuaia que es turística, y los edificios céntricos tienen una visión comercial desde el turismo y son muy codiciados, se podría permitir que sea un canje de ese espacio pro la construcción de una unidad penitenciaria en otro lugar, más alejado del centro de Ushuaia y que sume la jefatura la Policía. Eso lo hizo en alguna cuestión similar el Grupo Albatros con la Caja de Jubilaciones.”

Una nueva unidad carcelaria “ronda entre los 25 mil millones de pesos, es algo muy significativo para la provincia.”