En medio del debate por la ley ómnibus y el reclamo de los gobernadores por un mecanismo de compensación ante la pérdida de recaudación, las provincias sufrieron durante enero una caída de $277.000 millones en ingresos por coparticipación. Eso equivale a una pérdida de $6.000 por habitante promedio en el país. Las jurisdicciones que tuvieron una mayor caída son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en base a datos del Indec y de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (Dnap). Allí se consignó para el mes pasado una baja de 12,2% en términos reales respecto al año previo en las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones.

“Las jurisdicciones más afectadas serían Buenos Aires (-14,6%), Salta (-12,4%) y Misiones (-12,2%). Por otro lado, las jurisdicciones con menor caída serían CABA (-9,7%), La Pampa (-10,9%) y San Luis (-11%)”, detalló el Iaraf.

En tanto, el trabajo destacó que al descontar las transferencias por leyes especiales y compensaciones, la coparticipación neta del consolidado descendería 9,6% en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado. Según aclararon, esa variación es equivalente para las 24 jurisdicciones del país.

A partir de esa cuenta, es posible cuantificar la pérdida de coparticipación sufrida en enero por las provincias. “La caída mensual de ingresos de las provincias más CABA del mes de enero, con la información disponible al día 29, a precios de hoy, sería de $277.000 millones del consolidado provincial más CABA. En términos per cápita, serían unos $6.000 por habitante promedio del país”, detalló el Iaraf.

Uno de los mayores impactos que sufrieron las provincias fue la última reforma del impuesto a las Ganancias, vigente desde septiembre del año pasado. De hecho, en 2023 las transferencias automáticas finalizaron con una caída del 14% en términos reales y cortaron con dos años consecutivos de crecimiento.

De hecho, las compensaciones que esperan los gobernadores es uno de los principales puntos de negociación por estas horas con la Casa Rosada para brindar apoyo al proyecto de ley ómnibus del oficialismo. Sin embargo, en las últimas semanas hubo varias idas y venidas sobre este punto.

Los mandatarios propusieron este lunes al ministro del Interior, Guillermo Francos, que se coparticipe el Impuesto PAIS que pesa sobre el pago de importaciones en toda la economía. El tributo fue el de mayor crecimiento en 2023 a partir de la extensión que aplicó el Gobierno anterior, antes de la suba al 17,5% de La Libertad Avanza, y generó ingresos por $1,5 billones solo el año pasado.

De la masa de fondos recaudados, la Nación retiene el 70%, mediante la ANSES, y el 30% restante se distribuye a obras y desarrollos en las provincias. Sin embargo, ese porcentaje se ejecuta a través del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Los gobernadores le plantearon a Francos que pretenden tomar el control de ese 30%, sin alterar el destino para obras sociales de esos fondos. Sin embargo, el Gobierno descartó en las últimas horas avanzar en ese sentido.

Por otro lado, al igual que con el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, el oficialismo también retiró su proyecto de ley de impuesto a los ingresos personales que revertía la última reforma de Ganancias y gravaba, con escalas más benignas que en el esquema anterior, los salarios desde $1.350.000 brutos mensuales. Los gobernadores no estaban dispuestos a pagar el costo político de esa medida e incluso habían manifestado, sin éxito, el pedido por coparticipar el impuesto al cheque.

Para el Gobierno asegurarse de sumar recaudación es clave para el objetivo de equilibrio fiscal que tiene el ministro de Economía, Luis Caputo, para 2024. De todos modos, avisaron que el ajuste sobre las provincias será mayor al esperado de no prosperar las negociaciones en el Congreso.