El secretario de Asuntos Internacionales y de la Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, brindó detalles sobre las acciones legales y administrativas que se están llevando a cabo para desmantelar la instalación del radar de LEOLABS en la provincia.

Dachary explicó que la empresa LEOLABS había presentado recursos de reconsideración en respuesta a la intimación del Gobierno de la provincia para que presentara un plan de remoción del radar, bajo las pautas ambientales correspondientes. Sin embargo, estos recursos fueron rechazados tanto a nivel provincial como nacional, lo que habilita al Gobierno a proceder con el desmantelamiento.

"Esta empresa, que se había creado en Tierra del Fuego con el objetivo de monitorear satélites y basura espacial, ha demostrado ser una amenaza a la seguridad nacional. Con esto, queda claro que no tiene razón de ser la existencia de LEOLABS, y la Inspección General de Justicia presentará en los próximos días una demanda solicitando su disolución", afirmó Dachary.

El secretario también mencionó que la situación se volvió aún más crítica cuando se supo que LEOLABS firmó un contrato con el Ministerio de Defensa del Reino Unido para brindar información de monitoreo y vigilancia, lo que confirma las sospechas de que la empresa estaba operando con una funcionalidad dual y no meramente civil como había declarado inicialmente.

En este contexto, Dachary fue enfático al subrayar la falta de acción por parte del gobierno nacional en su momento: "Es un antecedente muy grave que el Ministerio de Defensa haya identificado una amenaza a la seguridad nacional y que ni la gestión de Alberto Fernández ni la actual de Javier Milei hayan actuado en consecuencia."

Con respecto a la posibilidad de que los accionistas de la empresa sean demandados por el cambio radical en su accionar, Dachary señaló que es difícil avanzar en ese sentido, ya que el proceso de homologación de la empresa nunca fue completado a nivel nacional.

El Gobierno de Tierra del Fuego está decidido a llevar adelante el desmantelamiento del radar y a disolver la empresa, no solo a nivel provincial sino también en todo el país. "No hay objeciones jurídicas que puedan frenar este proceso, y creemos que la justicia actuará en consecuencia", concluyó Dachary.