La presidenta del Instituto Provincial de Viviendas y Hábitat (IPVyH), Arq. Laura Montes, dialogó con Radio Nacional Ushuaia donde brindó detalles de la apertura del período de inscripción y actualización de los legajos para los estudiantes que residen fuera de la provincia y vuelven a la isla para el período vacacional.

Al respecto, indicó que “para que en su estadía si es que algunos vuelven puedan inscribirse y actualizar para mantener sus legajos en orden. En general la gente lo mantiene actualizado, pero en pandemia tuvimos mucha tolerancia en esperar a que la gente pueda tener sus trámites al día y los esperamos dos años y medio y el que no actualiza, el IPV asume que ya tiene alguna solución habitacional con lo cual se dan de baja. No hay notificación previa a esto porque cuando vienen a inscribirse se les informa que todos los años deben actualizar su legajo; siempre se espera hasta dos o tres años y siempre estamos comunicando que hay períodos de actualización”.

En este sentido, recordó que “se debe presentar el certificado de alumno regular y básicamente eso, para confirmar que están fuera de la provincia por situación de estudio”.

En otro orden de temas, se refirió a las proyecciones para el próximo año y afirmó que “estamos muy preocupados porque más allá de que en su momento dije que el IPV debe adecuarse a las políticas nacionales, estamos preocupados porque no va a haber obra pública y los técnicos entendemos que la obra pública motoriza un montón de otras actividades económicas dentro de la sociedad y el IPV siempre que ha hecho obra pública la ha completado conforme a los programas que han bajado de Nación”.

La titular del organismo provincial sostuvo que “es una decisión del gobierno actual entonces nuestra idea es poder adaptarnos y va a depender de sectores ajenos del estado como es la parte privada. Hoy entiendo que va a estar reticente a hacer cualquier tipo de inversión hasta que se equilibre la macroeconomía. Tenemos 500 viviendas en ejecución y todavía no hay nombrado el subsecretario de Vivienda y estamos siguiendo muy de cerca esa situación para generar reuniones para plantear nuestras obras en ejecución y las licitadas para ver cómo van a quedar. Hoy las obras están vigentes con sus planes de trabajo, pero la Cámara de la Construcción a nivel nacional y provincial tienen sus recaudos por la gran suma de precios de los materiales. Hoy estamos en una situación de incertidumbre y esperando cómo sigue esto; se dijo que no se iban hacer obras nuevas, pero queremos saber la situación y la readecuación de los precios de esas obras. Lamentamos muchísimo que no haya obra pública porque es una quita importante de muchos puestos de trabajo y de una forma de administrar un lineamiento de política de estado que es importante para nosotros”.

Según precisó Montes, “hoy tenemos 54 viviendas en Chacra XIII más 204 más en Río Grande y en Ushuaia 230 aproximadamente; en Tolhuin teníamos licitadas y queremos saber si seguirán vigentes. En Río Grande algunas obras van en un 90% avanzadas y en Ushuaia en un 80% aproximadamente”.

Con respecto a la morosidad que registra el IPV, indicó que “nosotros tenemos un porcentaje de vivienda destinado a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Somos un organismo con perfil social y vemos minuciosamente las falencias de la familia por la que pedirían una reducción de cuota, por ejemplo. En general la gente cumple, pero como la cuota está atada a un índice de inflación, por ahí hay ciertos factores que hacen que la gente pueda pedir reducción de cuota. Estamos viendo de ser más exigentes en comparación con años anteriores por esto de que hay que reinvertir por la gente que está esperando una vivienda”.

Consultada sobre los resultados que arrogaron el programa de cancelación anticipada que fue prorrogado hasta diciembre pasado, la Arq. Montes, remarcó que “ahora se aprobó la ley de regularización dominial de viviendas para aquellas personas que están ocupando viviendas por diferentes motivos. La idea es prorrogarlo un mes más”.

Por último, se refirió a las distintas denuncias registradas por las viviendas que no están habitadas y son alquiladas de forma temporaria. “Se recibieron muchas denuncias y estamos en situación de desalojo por este tema. Hemos iniciado esta modalidad con el apoyo de la justicia entendiendo que hay gente que lucra con esta situación, entonces poder recuperar viviendas que vuelvan a la demanda que tenemos. Llamamos a la gente que está en la demanda para que pueda recibir la vivienda que ha estado en uso y que tenga posibilidades económicas de arreglarla eventualmente de estas viviendas que vuelven al IPV producto de algún desalojo”.

“En realidad nosotros perdemos contacto con el adjudicatario inicial porque vende y no lo vemos más. Se van de la provincia y directamente el IPV por oficio hace la desjudicación y la situación problemática queda con la persona ocupante que compró esa vivienda por desconocimiento, quizá. Perdemos contacto con el que entregamos porque ya hizo su negocio y desapareció y el problema queda para la familia que quedó ahí en la vivienda. Nosotros lo elevamos a la justicia y vemos particularmente cada situación y lo evaluamos. Recuerden que pueden acercarse al IPV a hacer la denuncia anónima y sino en la web oficial de nuestro organismo”, concluyó.