José Piñeyro, quien forma parte del Comité de Evaluación de Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Tierra del Fuego, se refirió a las problemáticas que presenta el actual sistema carcelario de la provincia, señalando que el hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de acceso a la salud y salud mental, son los factores que predominan en el área.

El periodista y militante por los derechos humanos, José Piñeyro sostuvo que “desde finales de los 90 que milito en Río Grande y veo la situación del Servicio Penitenciario provincial. Realmente me impactó la situación de hacinamiento que hay en la Alcaldía de Ushuaia, he visto situaciones complejas en Río Grande y otros puntos de la provincia, pero lo que vi en Ushuaia con siete personas alojadas en una celda que es para una o dos personas fue impactante”, dijo muy angustiado.

En esa línea, indicó que de acuerdo con sus funciones y labores “todo el material se fue recopilando y en base a eso se armó un informe que luego es elevado a las autoridades con una serie de recomendaciones que tiene que ver con esta situación”.

Entonces, remarcó que, desde el Comité de Evaluación de Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Tierra del Fuego “la idea y de la mayoría de los comités similares es trabajar por la positiva, tratar de aportar recomendaciones, que sirvan para cambiar las situaciones que viven de hacinamiento y sobrepoblación en Tierra del Fuego, en Ushuaia y Río Grande, siendo más grave en la capital fueguina. Se necesitan medidas lo más rápido posible”.

A su vez, José Piñeyro destacó que “desde la multisectorial nos manifestamos públicamente con preocupación porque veíamos que no se estaba avanzando como esperábamos en este sentido. En el comunicado que emitimos hace aproximadamente dos meses responsabilizamos a los tres poderes del Estado de la situación, que son los que tienen las herramientas para corregir las problemáticas”.

Apuntando en que “entendemos que construir un edificio no se hace de un día para otro, pero hay cuestiones que tienen que ver con medidas políticas, resoluciones y decisiones para mejorar por ejemplo el acceso a la salud, que es otra de las cuestiones que nos marcó el informe. En Ushuaia hay mujeres privadas de su libertad que no pueden acceder a atención médica ginecológica por problemas de maltrato que sufrían por parte del personal designado”.

Ante esta situación, Piñeyro recalcó que “se logró destrabar esa situación, pero son cuestiones que hay que ir revirtiendo, no se puede esperar al informe. Entendemos que se deberían ir dando pasos de solución, por eso el comunicado de la multisectorial de Río Grande. Creemos que se está avanzando, hay planes sobre la formación profesional, mejoras en el mobiliario en Río Grande, donde también se comenzó a dictar un taller de educación emocional”.

Asimismo, puntualizó en que “se pueden cambiar y mejorar las cosas para esta parte de la sociedad. No hay que olvidar algo que dicen las personas privadas de su libertad, que no hace falta socializarlos porque son parte de la sociedad, que van a volver a caminar las calles de la provincia y quieren salir mejores de lo que entraron. Ese debería ser el objetivo planteado como sociedad, para eso la educación es clave”.

Por lo cual, aseveró que para poder comenzar a dar soluciones “hay que aumentar las ofertas educativas, los talleres, etc. Hay experiencias en otras provincias que en este sentido avanzan y son positivas”.

Por otro lado, se refirió a otra de las problemáticas existentes en el sector, detallando que “quien está privado de su libertad perdió ese derecho, no el resto. Una persona que intenta suicidarse en un lugar de detención termina en el buzón, lo atiende o lo trata de contener alguien del servicio penitenciario o sus propios compañeros. Se lo toma como una falta la acción de autolesionarse. Esto es responsabilidad de la falta de establecer un protocolo claro de acción ante estos hechos”.

Por último, José Piñeyro aseguró que “desde que se constituyó el Comité algunas cosas cambiaron, aún faltan muchas pero lo vemos como positivo. Era una necesidad y ahora trabajamos para que funcione de la mejor manera posible tratando de revertir las situaciones complejas que se viven en los lugares de encierro en Tierra del Fuego, donde tenemos características de población mucho más reducidas que otras provincias del país, ya que son algo más de 300 personas las que están privadas de su libertad en la provincia”.