La compañía de radares LeoLabs Argentina SRL no sólo es un proyecto. Es real. Está asentada en una estancia privada a la vera de la helada ruta nacional 3 en la localidad fueguina Tolhuin, tercera ciudad de la provincia. Con permiso de obra civil y medio ambiental, construyó una estructura e instaló equipos que trajo de afuera, no compró en un almacén. La planta ya está finalizada al 50 por ciento. Además, hasta su reciente suspensión, estaba activa y en fase de prueba, según fuentes directas y contra la información del gobierno. A mediados de junio, Jorge Taiana metió la nariz en el asunto del radar y el 22 Agustín Rossi frenó los permisos de manera temporal. Ahora todo quedó paralizado, tal como cotejó una inspección del gobierno que voló el jueves pasado a Tolhuin en medio del revuelo del cierre, pero a tres años del desembarco de la compañía y a varios meses de un permiso “precario” que partió de una subsecretaría de la Jefatura de Gabinete en noviembre de 2022, era Juan Manzur. La conocida cercanía del tucumano con la Embajada no lo ayuda: mientras cada quien se lava las manos, el exministro caído en desgracia podría ser uno de los que empujó el acuerdo, según un dignatario de Casa Rosada.

Si tal como sostienen los documentos de la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego difundidos esta semana en medios locales, LeoLabs es una compañía integrada por capitales británicos, y no sólo norteamericanos, para el país se convierte en un problema geopolítico netamente de defensa. En esa línea lo dejó planteado el gobernador Gustavo Melella en las últimas horas y desde esa lógica se explica el parate temporal del gobierno, que abrió un paraguas para ganar tiempo y abrirle el juego a Cancillería y a Defensa. La hipótesis británica no es el único problema que analiza el gobierno. También estudia la dimensión de seguridad militar y científica. La instalación de un radar dedicado al estudio de desechos satelitales o basura espacial como en este caso, puede tener impacto ante un hipotético escenario de conflicto bélico o transformarse en objetivo de valor estratégico de ataque o defensa. Desde el punto de vista científico, no está clara la retribución que recibe el país por su instalación pero tampoco existe compromiso alguno escrito de transferencia tecnológica.

“La nueva resolución de Jefatura que suspende la autorización precaria, habilita y le da intervención al ministerio de Defensa y a la Cancillería”, explicaron en el gobierno. “Luego de estudiar y analizar los fundamentos del proyecto, se elevará una posición. Es un tema y un proyecto en el que Cancillería hasta la resolución de Rossi, no había participado. Pero aún así hay un tema, simbólico y no menor: las webs de la empresa norteamericana (a la que se la vincula con otras sociedades británicas) no tienen a las Malvinas en su mapa oficial que señala la localización de sus radares”.

Chinos y rusos en el espacio

Días pasados, las redes de LeoLabs Space publicaron uno de sus habituales hilos de tuits con información en tiempo real mapeada por sus radares en la “órbita espacial baja”, LEO por sus siglas en inglés. La LEO es una autopista celeste a la altura del kilómetro 150 y 2.000 donde circulan más de 11 mil satélites, en crecimiento exponencial y miles y miles de desechos. “¿Cuál es uno de los peores barrios de LEO?”, consultaron en el tuit y la respuesta explica la inquietud detrás del radar. “Es la franja de 700 y 900 kilómetros”, dijeron. “Esta región está repleta de Space Debris (basura espacial) en gran parte proveniente de pruebas ASAT chinas de 2007 y rusas de 2021. También es un área popular para las megaconstelaciones”.

El desembarco

LeoLabs llegó al país por lo menos en 2021. Según información directa, el primer objetivo era instalarse en Chile, pero una relación cercana los convenció de poner una pata en Tierra del Fuego. Ese año contactaron a un docente jubilado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata para pedirle una medición y luego la presentaron como un aval oficial en Nación. Hoy ese es uno de los temas más importantes del debate burocrático. Las autoridades fueguinas y nacionales aseguran que el proyecto se habló y es, de algún modo, parte de un acuerdo con la Estación Astronómica de Río Grande, la UNLP y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). “Fue presentado en el ámbito de la universidad que fue aprobado y obviamente hay una integración con el organismo nacional que regula este tipo de instalaciones, CONAE”, señaló esta semana un funcionario fueguino.

Sin embargo, no parece ser así. Según constató este diario, ni CONAE ni la UNLP avalan la obra.

Desde la UNLP, lo explican de este modo: “Se informa que el Departamento de electrotecnia de la Facultad de Ingeniería de la UNLP sólo realizó un servicio de medición de compatibilidad electromagnética del lugar magnética a la empresas Leo Labs. Y fue realizado por un docente de una cátedra de comunicaciones y nunca hubo un pedido oficial para dar opinión sobre la instalación de dicho radar, con lo cual la Universidad no ha emitido opinión oficial sobre este tema”. Por su lado, la CONAE dijo: “La CONAE no está en el tema, no tenemos nada que comentar. Esto está en manos de la Subsecretaría de telecomunicaciones".

Pasó 2021 y en marzo de 2022, la compañía inscribió oficialmente LeoLabs Argentina SRL en Ushuaia, según datos de la Inspección General de Justicia fueguina difundidos esta semana por la prensa local. En el trámite se presentó integrada por dos sociedades: LeoLab Space Holding Limited con sede en Irlanda y LeoLab Limited con sede en Gran Bretaña, una de las razones por las que el proyecto ahora quedó bajo el radar de Defensa. El 1° de diciembre de 2022, designaron como socios gerentes por plazo indeterminado al CEO y fundador californiano, Daniel Peter Ceperley y su socia Eileen Judith Treanor cabeza de la sociedad británica y nombraron a cinco fueguinos como gerentes. Para entonces, el terreno ya estaba localizado, los permisos provinciales iban adelante, pero recién habían conseguido el acuerdo precario de Nación.

Precario y celebrado

Tardaron ocho meses en conseguir la firma de Jefatura de Gabinete, más de lo que esperaban, supo este diario, lo que da cuenta de cierta tensión. El 15 de noviembre de 2022, finalmente, obtuvo la disposición 8/22 de la Subsecretaria de Telecomunicaciones y Conectividad de Jefatura de Gabinete era Manzur. Otorgó “con carácter precario a la empresa LeoLabs Argentina SRL instalar y poner en funcionamiento una Estación Terrena en Banda S con el fin de rastrear y monitorear objetos en ambiente LEO (Low Earth Orbit)”. Previó que finalizada la etapa de ensayo y calibración de equipos, debía “gestionar los registros correspondientes de homologación por parte del Ente Nacional de Comunicaciones” (Enacom) y ordenó asumir “obras e instalaciones” de la estación radioeléctrica.

Según el área, se firmó una “disposición” y no una “resolución”, por lo tanto bastaba la firma de un subsecretario, no requería de secretario ni otra autoridad. Por el tipo de trámite, tampoco debía ser publicado en el Boletín Oficial. Acaso por eso durante un buen tiempo pocos supieron del radar.

Pasó 2022 y en marzo de 2023, LeoLabs celebró: anunció oficialmente el proyecto en Tierra del Fuego en un evento de la embajada argentina en Washington destinado a la industria espacial. Habló Jorge Argüello, habló Dan Ceperley y hubo un tuit festivo del embajador Marc Stanley. El tuit no sólo amplificó la novedad, era un modo de respaldar a la empresa. LeoLabs conseguía así su séptimo radar en el mundo, el tercero en continente sur y el primero en Sudamérica. Además, se disponía a ponerlo en marcha este año.

“Es un privilegio construir este sitio de radar en Argentina y contribuir a la historia espacial de este país”, dijo Dan Ceperley. “Como nuestro tercer sitio de radar en el hemisferio sur y el primero en el sur América, el sitio de Argentina es fundamental para cerrar la brecha global de SSA en la cobertura y mejorar el escrutinio de acontecimientos que suceden en esta parte del mundo”.

“Ushuaia no es sólo un lugar excelente para observar las estrellas”, publicó Marc Stanley. “También es un punto clave para que la empresa espacial estadounidense LeoLabs Space colabore con empresas y gobiernos de todo el mundo en la protección contra los desechos espaciales”.

La inquietud

Con el correr de los meses, la historia comenzó a inquietar a excombatientes de Malvinas, entre ellos el grupo de Mario Volpe y a un sector del mundo científico de la UNLP. Mientras corrían esas discusiones, muy pocos días atrás, el 13 de junio, el ministro de Defensa Jorge Taiana envió la nota a Jefatura de Gabinete que desembocó en la suspensión del 22 de junio.

Según la nueva “disposición”, Taiana solicitó a Jefatura de Gabinete “prestar colaboración suministrando la información disponible en sus áreas específicas sobre la actividad de la mencionada empresa en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, incluyendo las gestiones realizadas, convenios celebrados, autorizaciones que pudieran haber sido concedidas y todo otro dato que permita acceder a un mayor conocimiento y claridad sobre el tema”. Sobre esa línea, el área de Telecomunicaciones de Jefatura definió que la solicitud “involucra cuestiones de interés público", por lo que "considera necesario suspender la autorización otorgada" y dar intervención para que se pronuncien al ministerio de Defensa y Cancillería.

La nueva “disposición” se firmó el 22 de junio, día del turbulento cierre de listas. Recién se conoció esta semana. Pero aquel jueves algo pasó. “Un día nos dicen maoistas y al otro cipayos al servicio del imperio”, protestaba mientras se bajaba de un avión un alto funcionario fueguino de regreso de una cumbre de Naciones Unidas. En Buenos Aires, Alicia Castro publicaba una bomba: “Cerca de una guerra nuclear, un Nuevo Orden Mundial en disputa y nuestra Región es el nuevo epicentro de este conflicto”, envió por tuit. “En este contexto, el gob de Sergio Massa elige poner radares de EE.UU. en Tierra del Fuego, a 500 km de Malvinas usurpadas, donde la OTAN tiene una base militar”. El mensaje era un dardo teledirigido a la discusión de las listas. Sergio Massa no estuvo, el Enacom no se pronunció, pero aún así el tuit puso en foco un tema del que no se hablaba. Reactivó la historia, la discusión de datos políticos y desenterró los papeles de la Inspección de Justicia fueguina con la hipótesis del pie británico en el sur.