En el marco de la puesta en marcha de la operatoria especial de venta de lotes con servicios destinados al Personal Policial y del Servicio Penitenciario, Docentes y profesionales de la Salud dependientes del estado provincial, desde la presidencia del IPVyH se determinó que los 50 terrenos ubicados en la Sección E, Macizo 139 A, Macizo 139 B y Macizo 136 B de la ciudad de Río Grande, tendrán un valor de $ 69.735,22 por metro cuadrado y para los 50 lotes ubicados dentro de la Urbanización Río Pipo, Sector I y Sector II, de Ushuaia, se estableció que el precio por metro cuadrado “no podrá superar el 30% por ciento del valor del metro cuadrado determinado para los terrenos de la ciudad de Río Grande”.

En virtud a lo mencionado, un lote de unos 312 metros cuadrados (25 x 12,5) tendrá un costo de $21,8 millones en Río Grande y casi de $28,4 millones en Ushuaia.

El pasado viernes, en la Resolución Reglamentaria 11/24 se indica que la normativa que reglamentó la referida operatoria espacial estableció que “el valor por metro cuadrado de los lotes para las ciudades de Ushuaia y Río Grande, se establecerá para la presente Operatoria mediante el dictado del acto administrativo pertinente, el cual establecerá en cada caso el valor del terreno. Dicho importe será actualizado utilizando el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)”.

Por lo cual “el precio total del terreno estará integrado por el valor del terreno, con más los costos de infraestructura frentista; costos de agrimensura, gastos de escrituración y proyecto arquitectónico, según corresponda”.

A su vez, la normativa también establece que “con el objetivo de promover la equidad económica y garantizar condiciones justas para los aspirantes, se establece, de manera excepcional para la presente Operatoria, que el precio base de venta de los terrenos, por metro cuadrado, será el establecido para la ciudad de Río Grande mediante la correspondiente Resolución IPVyH, mientras que para la ciudad de Ushuaia no podrá exceder en más de un 30% de aquel”.

En ese marco, con la nueva norma queda establecido que se “fundamenta en la premisa de que, a pesar de las diferencias en los valores de mercado entre ambas ciudades, los salarios se mantienen iguales para los profesionales residentes en la Provincia. Se busca evitar disparidades excesivas que puedan dificultar el acceso a la vivienda y, por extensión, el fortalecimiento de las áreas objeto de la presente Operatoria en la región”.

Entonces, desde el IPVyH indican que la disposición tiene como objetivo “la importancia de mantener una política de desarrollo urbano sostenible y accesible para todos, promoviendo así la residencia y permanencia efectiva de los profesionales y personal de la Salud, Seguridad y Educación Pública”, a la vez que “se busca fortalecer el principio de equidad en el ámbito inmobiliario de Tierra del Fuego, asegurando que el crecimiento económico beneficie equitativamente a todos los residentes, sin otorgar diferencias de trato a los aspirantes con motivo de su lugar de residencia dentro de la Provincia”.

En este sentido, para poder promulgar esta operatoria el IPVyH destinó “100 parcelas distribuidas equitativamente entre la ciudad de Ushuaia y Río Grande, pudiéndose adicionar eventualmente una mayor cantidad de lotes según disponibilidad”, por lo tanto, un 40% estará afectada al personal de seguridad, otro 40% a docentes y el 20% a profesionales de la salud.

Por otro lado, para poder postular a un predio, el interesado deberá estar inscripto en la demanda general del IPVyH, ser argentino (nativo o naturalizado), contar con 2 años mínimos e ininterrumpidos en la Provincia de Tierra del Fuego de prestación efectiva de servicio como dependiente del Ministerio que corresponda y que los ingresos del grupo familiar provengan de trabajo formal y ser en general iguales o superiores a 4 Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).

En torno al pago del lote, se fija que el valor de la cuota de amortización no podrá superar el 30% del salario declarado y se “establece un plazo de financiamiento de hasta 180 meses” que podrá ampliarse hasta un máximo de 360 meses “en el supuesto que la cuota excediera el 30% del salario del adjudicatario”.