El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego remitió ayer a la Legislatura el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para 2025, destacándose dos aspectos claves: el presupuesto presenta un superávit, algo que no ocurría desde hace al menos una década, y fue presentado 48 horas antes del plazo constitucional, rompiendo una tradición de última hora.
El presupuesto proyecta ingresos por un billón trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos millones setecientos once mil quinientos veintiún pesos, frente a erogaciones de un billón trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta millones doscientos veintiséis mil quinientos pesos. Esto arroja un superávit económico de 82.400 millones de pesos y un superávit financiero de 11.000 millones de pesos, después de descontar el pago de la deuda.
El proyecto incluye la solicitud de autorización para emitir Letras del Tesoro por hasta 14 mil millones de pesos y contraer deuda por hasta 10 mil millones de pesos, destinados a financiar obras de ampliación y refacción en los hospitales regionales de Ushuaia y Río Grande, así como la mejora de instalaciones educativas.
El Ejecutivo propone modificar el destino y financiamiento del Fondo de Prestaciones Prioritarias, que actualmente cubre el subsidio al gas envasado, los comedores escolares y la copa de leche. La nueva propuesta es destinar el fondo al subsidio del gas envasado y a financiar obras de tendido de red de gas natural, con el objetivo de reducir el número de beneficiarios de gas envasado al conectar más hogares a la red de gas natural. Para 2025, se estima que el subsidio al gas envasado demandará una erogación de 50 mil millones de pesos para asistir a unos 6.700 hogares.
El gobernador Gustavo Melella subrayó en el mensaje de elevación del proyecto que el enfoque estará en una administración de gastos compatible con la sustentabilidad fiscal, priorizando áreas clave como Educación, Salud, Seguridad Social y Promoción y Asistencia Social. El 56,6% del presupuesto 2025 se destinará a Servicios Sociales, un 31,8% a la Administración Gubernamental, y el 11,6% restante se distribuirá entre Servicios Económicos, Deuda Pública y Seguridad.
Melella también reafirmó el compromiso de su administración para garantizar que los salarios de los trabajadores de la administración central, especialmente en los sectores de educación, salud, fuerzas de seguridad y servicio penitenciario, acompañen la dinámica inflacionaria, a pesar de la disminución de los ingresos tributarios.
El presupuesto total para la Administración Central se estima en 1.411 mil millones de pesos, con el Poder Ejecutivo gestionando 1.275 mil millones, el Poder Judicial 99.568 millones, el Poder Legislativo 26.514 millones, el Tribunal de Cuentas 8.504 millones, y la Fiscalía de Estado 1.193 millones.
Para los organismos descentralizados, el total de gastos asciende a 160.642 millones de pesos, con la DPOSS y la DPE concentrando el 43% del total. Los restantes organismos, como AREF, IPVyH, y Puertos, se repartirán el 57% restante.
El presupuesto destinado a los organismos de la seguridad social incluye 3.220.841 millones para la Caja de Jubilaciones 27.445 millones para la Caja Compensadora de la Policía y 105.552 millones para la Obra Social.
El proyecto de ley será tratado en la sesión ordinaria del 19 de septiembre, coincidiendo con la presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional 2025 en el Congreso. Esto permitirá a la provincia ajustar sus pautas macroeconómicas y refinar las estimaciones de recursos y gastos.
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