La discusión por el cobro del impuesto inmobiliario volvió a meterse de lleno en la agenda política de Tierra del Fuego, a poco más de un mes de finalizadas las elecciones provinciales y municipales en donde los ejecutivos de las tres ciudades y el Gobierno de la Provincia ratificaron sus respectivos mandatos por cuatro años más en un acuerdo electoral que, indudablemente, carece de garantías que puedan sostenerlo en el tiempo.

Para contextualizar esta discusión que en los últimos días copó los medios de comunicación de la provincia, hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pasado jueves 22, el recurso de queja presentado por los municipios contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia que había reconocido la pretensión del Gobierno Provincial de retomar la atribución para la determinación y percepción del impuesto inmobiliario –urbano y rural- en el marco de la Ley N° 1075.

A raíz de este fallo judicial, los municipios de la provincia deberían dejar de cobrar dicho impuesto inmobiliario el cual está avalado por ordenanzas municipales de larga data tanto en Río Grande como en Ushuaia y Tolhuin, y, en paralelo, adherir a la cuestionada Ley N° 1075.

Lo cierto es que el fallo de la Corte Suprema despertó rápidas reacciones de los cuerpos deliberativos de Río Grande y Ushuaia mientras que en Tolhuin, donde todo siempre es más lento, aún no se escucharon voces.

En Río Grande, el concejal Raúl von der Thusen ya puso palabra y confió en el “diálogo político” entre los intendentes y el Gobernador Gustavo Melella para destrabar esta situación que, según reveló el edil, “a la ciudad le costaría una reducción de casi 1.000 millones de pesos”.

En la capital fueguina, ayer sesionó el Concejo Deliberante en donde el impuesto inmobiliario fue el tema principal de los asuntos tratados. Allí, los ediles, por unanimidad, aprobaron una minuta de comunicación que solicita a la Legislatura provincial que se derogue el capítulo 1ro de la Ley 1075, “en defensa de los recursos económicos municipales”. El presidente del Concejo, Juan Carlos Pino, también apeló a “que podamos lograr los consensos para que se pueda tratar este tema en la Legislatura”, y recordó la “unidad” sellada entre los tres municipios y el Gobierno.

Otro de los actores importantes que tiene esta discusión es la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y fue su titular, el contador Oscar Bahamonde, quien indicó en Radio Fueguina que “con este fallo, el 60% de los excedentes le corresponde a los municipios y el resto a la provincia. No existe una afectación real a los Municipios. No es una discusión política, sino técnica. Creo que, respecto a la parte política, el Ministro de Economía, Federico Zapata García, la semana que viene va a convocar a los municipios. El objetivo es tratar entre todos, encontrar una salida en la cual las partes estén conformes. Creo que con el diálogo vamos a encontrar un consenso para darle fin a esta controversia que ya tiene siete años”.

Según lo que establece la ley 1075, se dejaría el cobro de parte de los municipios y la recaudación que estaría coparticipando sería únicamente el 60% en cada uno de los municipios. Sin dudas, un cimbronazo importantísimo para las finanzas de los tres ejecutivos.

También es importante destacar que, en el medio de esta discusión, el Gobierno y los Municipios vienen llevando adelante las distintas mesas paritarias con los gremios y todavía están muy lejos de llegar a un acuerdo. Uno de los principales argumentos que esgrimen los Ejecutivos, tiene que ver justamente con el fallo de la Corte Suprema respecto al cobro del impuesto inmobiliario. “Es lo primero que plantearon en la mesa y es algo que no tiene nada que ver porque ellos hoy tienen diálogo, una buena relación, y tienen que resolverlo entre ellos. No es un motivo para que nos otorguen el aumento que nosotros consideramos”, advirtieron desde SOEM Ushuaia.

Mientras tanto, la semana que viene, se esperan las primeras reuniones entre representantes del Gobierno de la Provincia y de los tres ejecutivos.

Por último, cabe mencionar que el que tiene la famosa “lapicera” es el propio gobernador Gustavo Melella, quien, en su paso por la intendencia de Río Grande, fue uno de los principales defensores de las “autonomías municipales” y también realizó presentaciones ante la Corte Suprema para que el cobro del impuesto inmobiliario no pase a la esfera provincial.