El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Dr. Juan Vicente, detalló los avances del proceso judicial iniciado por el gobierno provincial contra los tarifazos de gas, explicando que, hasta que no haya una sentencia firme dictada por la jueza federal Mariel Borruto, la empresa Camuzzi Gas del Sur no podrá cortar el suministro de gas, aun si los usuarios acumulan deudas y por otro lado, afirmó que este es un proceso clave para determinar la legalidad de los aumentos en las tarifas de gas, que han generado una fuerte controversia en la provincia.

En primer lugar, el Dr. Juan Vicente recordó que la jueza Borruto había dictado dos medidas cautelares preventivas, la primera evitaba que se cortara el servicio por falta de pago y la segunda suspendía la aplicación de los aumentos tarifarios hasta que hubiera una sentencia definitiva. Sin embargo, tras un fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, sólo se mantuvo la medida de no cortar el suministro, mientras que la suspensión de los aumentos quedó sin efecto.

El secretario aclaró que, aunque la empresa no podrá cortar el suministro por falta de pago, las boletas con los nuevos aumentos ya han comenzado a llegar a los hogares "el usuario que no pague la factura con aumento va a acumular deuda, pero no se le podrá interrumpir el servicio hasta que se resuelva el juicio", señaló Vicente, enfatizando que esta etapa es meramente cautelar y preventiva, sin afectar la resolución final de fondo.

Entonces, Juan Vicente destacó que lo que está en discusión en el juicio es si los aumentos del cuadro tarifario deben ser revocados "lo que resolvió la Cámara de Apelaciones es cuáles medidas cautelares subsistirán hasta la sentencia definitiva, y sólo se mantuvo el no corte del servicio", explicó, subrayando que la medida de no aplicar los aumentos tarifarios quedó sin vigencia, por lo que los usuarios verán reflejado el incremento en sus facturas.

Una de las cuestiones clave que la jueza deberá definir en este proceso es si el gobierno provincial tiene legitimidad procesal para representar a todos los usuarios de la provincia en esta demanda "la jueza va a tener que decidir si el gobierno puede accionar en nombre de la totalidad de los usuarios", indicó Vicente. También destacó que será fundamental analizar las pruebas sobre los costos del servicio y si se cumplieron los procedimientos previstos por la ley para determinar los precios y su traslado a los consumidores.

El proceso está avanzando, pero los tiempos dependen de las pruebas que presenten las partes involucradas. Vicente afirmó que "los plazos dependerán de cómo se produzca la prueba y de las decisiones que tome la jueza en base a lo presentado". Además, enfatizó que el caso debe ser evaluado bajo las condiciones especiales que rigen los servicios públicos esenciales, como lo es el gas, las cuales están protegidas por la Ley de Defensa del Consumidor.