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El sector de telecomunicaciones acusa al Gobierno por un decreto innecesario

El sector de las telecomunicaciones se unió y publicó un texto conjunto en el que acusaron a Gobierno de dictar un decreto innecesario e injustificado, en referencia a la medida de Alberto Fernández que congela los precios de la telefonía móvil, Internet y televisión por cable y los declara servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Aseguran que, de esta manera, las autoridades nacionales están interviniendo en el sector.

“Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando, y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de emergencia sanitaria. Existe un acuerdo suscripto con el Gobierno, vigente hasta el 31 de agosto, y en un diálogo constante hasta el inesperado anuncio por parte de las autoridades. Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate con participación de todo los involucrados”, asegura el texto.

Para continuar haciendo las inversiones que lleven a más hogares mejores servicios y llegar a quienes aún permanecen desconectados la industria necesita certidumbre

Y se pide que se revea la media: “Solicitamos que se reconsidere esta decisión para restablecer un diálogo franco en el que todas las partes encontremos el camino para conectar a los argentinos y seguir desarrollando una industria de alto valor agregado, generadora de empleos legítimos y con un enorme potencial para el país y su gente”.

Firman las principales empresas de telecomunicaciones del país: Claro, Directv, Telecentro, Telecom y Telefónica.

Y también Amcham Argentina (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), Asiet (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones), ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable), CACPY (Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet Pymes), CCAC (Cámara de Comercio Argentino Canadiense), Cámara de Comercio Argentino Finlandesa, Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Cámara Española de Comercio de la República Argentina, Cicomra (Cámara de Informática y Comunicaciones), Huawei, GSMA, Espress, Red Intercable y Sion.

Los firmantes se declaran sorprendidos por la norma y afirmaron que “la justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos”.

“Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda su comunidad digital, trasladando la incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro”, aseguró el sector telco.

- “Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la industria TIC en la Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015)”.

- “Mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario y generando un marco de absoluta incertidumbre”.

Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando, y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de emergencia sanitaria

- “En forma equivocada se califica a esta industria como servicio público sin ninguna necesidad y menos aún urgencia. Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos. Eso es una Política de Estado de desarrollo. El Servicio Público, en cambio, es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos”.

- “Decretar servicios públicos internet, TV paga y la telefonía celular NO garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia”.

 

 

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