El apoderado de la FUNDATEC, Alberto Cabral, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el reclamo de más de 40 millones de deuda al gobierno provincial, si bien distintos funcionarios afirman que “se han hecho las transferencias con normalidad”, incluido el pago de la suma fija otorgada al sector activo. Solamente reconocen deudas de la gestión Bertone y elevaron una propuesta de acuerdo de pago en seis cuotas, a partir de junio, que fue rechazada.

“Yo puedo asegurar en nombre de la FUNDATEC y de la asociación de colegios públicos de gestión privada que no estamos faltando a la verdad. No tenemos por qué inventar una deuda y todo está documentado en la Dirección de Educación Privada de la provincia. Desde el sector hemos hecho llegar una planilla vía mail y whatsapp tanto al Ministro de Finanzas Públicas como al Ministerio de Educación, al gobernador y al Secretario de Hacienda. A esta altura deben más de 40 millones, de los cuales el 70% corresponde al año 2020. Del año 2019 corresponde solamente una parte que ronda los 10 millones de pesos, pero 30 millones o más corresponden a este año”, sostuvo.

“A los funcionarios veo que les cuesta hablar de la palabra ‘deuda’, porque se refieren a ajustes, desajustes, y eso es deuda, porque incumplieron y siguen incumpliendo con la ley. Pueden decir que los funcionarios de la gestión anterior han incumplido al no quedar al día, porque es cierto, pero los funcionarios actuales incumplieron con la ley y debieron adecuar los montos a los valores actuales. Pueden decir por los medios que no es deuda, pero eso no los exime del incumplimiento de los deberes de funcionario público, y debieran asesorarse porque están incumpliendo con la ley”, sentenció.

Recordó que hay una denuncia penal presentada, que la formuló junto con el Dr. Daniel Mandolini “a principio de marzo en la ciudad de Ushuaia. Luego vino la feria judicial por la pandemia y supongo que el trámite quedó en suspenso, pero están denunciados porque el incumplimiento va desde el gobernador a los funcionarios de las carteras que corresponden. La justicia deberá determinar la responsabilidad de cada uno. Al inicio de marzo la deuda era menor, porque todavía no estaba incluido el mes de marzo, abril y mayo”, aclaró.

“Ellos están a cargo del gobierno desde mediados de diciembre y no regularizaron la situación. Desde el inicio de la gestión estamos pidiendo reuniones para que actualicen los montos. Si fueran respetuosos de la ley, hubiesen pagado como correspondía, y no entiendo cómo siguen pagando montos en base a una resolución de marzo de 2019”, cuestionó.

“Ahora dicen que van a disponer un plan de pagos de la deuda de la gestión anterior, no reconocen la deuda de la gestión actual y parece que solamente existiera lo otro, cuando la mayor parte de la deuda corresponde al 2020. Están proponiendo el pago en seis cuotas mensuales a partir de junio pero solamente de un porcentaje de la deuda. No sé en base a qué criterio nos quieren pagar en cómodas cuotas importes que desconocemos de dónde han obtenido y deberían estar saldados. Esta opción de pago en cuotas es inadmisible y así se lo hicimos saber por nota, solicitando el urgente pago de la deuda que tienen. Acompañamos una planilla con el detalle mes a mes de lo que se adeuda a cada una de las instituciones”, afirmó.

Al borde del cierre

Cabral expuso una situación crítica de los colegios privados, que ya no pueden afrontar alquileres y sueldos: “Los integrantes de la asociación estamos en continua comunicación y la situación del sector es endeble para poder continuar con el servicio educativo. Hay establecimientos que para poder hacer frente a sus obligaciones, que fundamentalmente son los sueldos, están buscando asistencia financiera y planes de pago de AFIP para los aportes y contribuciones, pero esto tiene un límite. Uno puede tener planes de pago por determinada cantidad de meses y se suman a las obligaciones mensuales. Si los planes de pago dejan de estar en regularidad, no hay posibilidad de tomar otro. Hay instituciones que ya no van a poder pagar alquileres ni sueldos”, advirtió.

“Los funcionarios están siendo absolutamente indiferentes y nosotros no estamos exigiendo que nos hagan alguna excepción, sino que cumplan con la ley. Ya tenemos un precedente en la justicia durante el gobierno de Fabiana Ríos y seguramente ahora actuará de la misma forma, porque es muy claro el incumplimiento. No se están haciendo cargo de lo que ellos han generado y están afectando al sector en forma deliberada. Si no, que me demuestren lo contrario”, desafió.

Intervención legislativa

Finalmente instó a la Legislatura a que tome intervención porque este tema “es de importancia a nivel social. En la Legislatura hay una comisión de educación que debería tomar intervención, para que los funcionarios del gobierno informen por qué están haciendo esto”, dijo.

“La FUNDATEC tiene cuatro establecimientos y la dimensión que tienen hace a los montos que hay que afrontar en masa salarial en forma mensual. Los establecimientos educativos no tienen la posibilidad de acceder a los ATP en este momento y eso está en análisis. Creo que hoy está mucho más cerca el no que el sí”, concluyó.