La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA) ha puesto en el centro de atención a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande junto a otras seis entidades del país, debido a una deuda acumulada de $53.000 millones. En un contexto de reestructuración tarifaria y retiro de subsidios por parte del Gobierno de Javier Milei, que apunta a alcanzar un déficit fiscal cero, CAMMESA busca implementar una política de cobro más estricta para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

Con un incremento tarifario superior al 300% desde el inicio de la nueva administración, la intervención de CAMMESA –en conjunto con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)– tiene como objetivo auditar la situación financiera y operativa de estas cooperativas, entre ellas la de Río Grande, con el fin de asegurar que los recursos sean manejados de manera transparente. Según CAMMESA, la falta de pago de las cooperativas, mientras que los usuarios siguen abonando el servicio, ha puesto una presión adicional sobre el Estado, quien termina cubriendo los costos.

Mario Cairella, vicepresidente ejecutivo de CAMMESA, subrayó que "no es justo que los usuarios paguen y las cooperativas no, generando una carga adicional para el Estado." La intervención contempla una veeduría administrativa que incluye la revisión de documentos, contratos y licitaciones realizadas en los últimos años, con el propósito de identificar posibles irregularidades y, de ser necesario, proceder con denuncias judiciales.

Desde CAMMESA se ha destacado que el objetivo de estas intervenciones no es interrumpir el servicio, sino garantizar que las cooperativas cumplan con sus obligaciones financieras y administrativas, fomentando una política de transparencia que permita sostener el sistema eléctrico sin recurrir al financiamiento estatal.