La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Laura Montes, confirmó que se avanza en la regularización de las viviendas adjudicadas a los afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tras la disolución del fideicomiso que inicialmente administraba estos inmuebles. Montes explicó que, hasta ahora, el Banco era el encargado de gestionar los cobros y la administración de las viviendas, pero este fideicomiso está a punto de ser disuelto.

"Hemos firmado todas las partes involucradas, y solo falta que el directorio del Banco apruebe la disolución. Luego, el Banco nos remitirá al IPV toda la información firmada por los adjudicatarios", detalló la funcionaria. Con esta disolución, el IPV asumirá la administración de las viviendas, lo que permitirá avanzar en la regularización de los pagos pendientes.

Montes explicó que, una vez completado el proceso, se coordinarán reuniones con ATE y los ocupantes de las viviendas para establecer los detalles sobre el valor de las cuotas y las condiciones de pago. "Lo que viene ahora es la regularización del pago de cada una de las viviendas por parte de sus ocupantes", señaló.

La titular del IPV también subrayó que el valor de las viviendas ha cambiado significativamente en los últimos años. "En su momento, las viviendas costaban 7 millones de pesos, pero hoy una vivienda del IPV tiene un valor aproximado de 100 millones de pesos. Hace dos meses, el valor rondaba los 72 millones, pero cuando se termine de cerrar la disolución del fideicomiso, haremos las actualizaciones correspondientes", explicó Montes.

Las cuotas para los ocupantes de estas viviendas se establecerán siguiendo el mismo esquema que utiliza el IPV para sus demás adjudicatarios. "Inicialmente, el plazo de pago era de 18 años, pero estamos evaluando si se mantendrá o si habrá modificaciones", concluyó la funcionaria. Las reuniones con los afiliados de ATE y los ocupantes serán clave para resolver los detalles y asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera clara y ordenada.