El Dr. Andrés Álvarez, abogado defensor de Graciela Flamenco, la enfermera que fue desplazada de su puesto laboral tras denunciar serias irregularidades en el manejo de los fondos del Servicio Penitenciario, dialogó con Minuto Fueguino donde brindó detalles de la causa que involucra al oficial Elvio Montenegro.

Al respecto, recordó que “respecto a esa causa penal del año 2023, caratulado Montenegro Elvio Federico, donde la señora –Graciela Flamenco- amplió la declaración el pasado 11 de abril y el 26 del mismo mes fue notificada de una disposición judicial donde se estableció la prohibición de acercamiento y contacto del oficial Montenegro hacia la señora que cuando vino al estudio en el mes de marzo, vino angustiada y muy preocupada porque en febrero, cuando intentó percibir sus haberes de la gobernación como personal auxiliar del Servicio Penitenciario notó que no estaban acreditados”.

Ante la negativa de respuestas, “tuvo que formalizar dos escritos en febrero para conocer el motivo de la no acreditación de haberes a pesar de que la señora tenía su recibo correspondiente de enero. Esto quiere decir que si la gobernación te da el recibo de haberes quiere decir que el dinero, obviamente tendría que estar depositado y no fue el caso de esta señora. Luego de enviar el pronto despacho, es notificada de un supuesto perjuicio fiscal ante la imputación de que la señora estaba trabajando en otra área mientras estaba con licencia de salud.”

Luego del inicio de esta causa “y producto del malestar que sufría en la unidad penitenciaria, sin motivo alguno, directamente se le suspenden los haberes. La señora emite unos reclamos administrativos durante el mes de marzo y no hay respuesta al reclamo. Se hizo un pronto despacho y tampoco hay respuestas y todo esto buscando la injerencia del área legal de gobierno superior al Servicio Penitenciario para que este reclamo llegue al área correspondiente. Algún ente superior tiene que fiscalizar las actividades del Servicio Penitenciario. Le enviamos una carta documento al gobernador Gustavo Melella para que intervenga, pero no tuvimos respuesta. Ante el silencio de la administración, el 15 de mayo hicimos una demanda de amparo que fue dirigido al juzgado laboral que interviene el Dr. Velázquez y tampoco tuvimos una respuesta positiva porque el juez estableció que no era la vía indicada, pero tampoco establece cuál es la correcta.”

En este sentido, el Dr. Álvarez advirtió que “ya pasaron cuatro meses sin percibir los haberes y la señora está tratando de desempeñarse en lo que puede gracias a su título de enfermera profesional y tiene tres hijos menores de edad a su exclusivo cargo y tiene que solventar las necesidades. La calidad de vida de los niños fue disminuida, no tienen obra social. Presenté el pedido de apelación y ahora estamos esperando la respuesta de la Cámara”.

Para el abogado de la mujer damnificada, “el silencio de las autoridades de la Penitenciaría es muy llamativo. Argumentan un supuesto perjuicio fiscal sin estar comprobado. Si esperábamos que el Sr. Juez laboral intervenga en el amparo, no vio las pruebas para que la señora tenga una justicia efectiva y un reparo como bien lo dice la ley, vamos a esperar la resolución de la Cámara.”

Finalmente, informó que “la causa se tramita en el juzgado de instrucción de la Dra. Cataldo y hay un fiscal interviniendo y lo que amerite en la causa penal, sería aconsejable consultar en las autoridades que recibe este tipo de casos.”