Un grupo de pescadores artesanales denunció que en la estancia La Fueguina, propiedad del legislador Jorge Lechman, se ha colocado una tranquera con candado en un acceso público, impidiendo el ingreso al río Lainez. Esta situación pone en evidencia el incumplimiento del "paso de servidumbre", un derecho garantizado por ley para permitir el acceso a recursos naturales como el mar y los ríos.

De acuerdo con los denunciantes, el acceso está bloqueado por un portón con candado, lo que afecta no solo a los pescadores artesanales sino también a quienes practican la pesca deportiva. "El acceso hacia el río y hacia el mar está con candado. Para pasar con un cuatriciclo hacia la playa, los portones están cerrados", indicó Silvia Nieva de la Asociación de pescadores Mirando el Mar

Según los pescadores, no han logrado dialogar con los responsables de la estancia para resolver la situación. “La tranquera está cerrada y no se puede acceder, ni pescadores ni otras personas pueden ingresar. Más allá de eso, tienen que saltar alambres para intentar pasar”, aseguró otro denunciante.

Los pescadores recordaron que el paso de servidumbre está contemplado en la Ley Provincial 244, pero su aplicación parece ser ignorada por algunos propietarios de estancias. "Hemos hablado con la gente de Recursos Hídricos y les mostramos la ley. También lo presentamos en el Concejo Deliberante. Todos los legisladores conocen esta normativa", afirmaron.

Otra de las quejas recurrentes del sector es la falta de garantías para ejercer su actividad pese al pago de permisos y aranceles. “Pagamos 122 mil pesos más los aranceles del contador y la AFIP, pero no tenemos lugares habilitados para pescar. Esto ocurre desde Hito 1 hasta Almanza. En toda la costa hay tranqueras cerradas”, explicaron.

Los pescadores también cuestionaron los controles que deben enfrentar. “Nos exigen permisos habilitados y precintos para las redes. Si algo no está en regla, nos decomisan los materiales y los trasladan a Ushuaia. Sin embargo, no nos brindan las condiciones básicas para trabajar”, denunciaron.

Ante esta situación, los pescadores artesanales han decidido dejar de pagar los permisos de pesca hasta que se garantice el acceso público. "No vamos a pagar más. Estamos luchando por todos los pescadores y exigimos que se respeten los caminos de servidumbre para poder trabajar como corresponde", declararon.

Invitaron también a otros sectores, como los pescadores deportivos, a sumarse a esta lucha. "Queremos que todos se unan. Pagamos por permisos que no tienen sentido si no podemos acceder a los lugares de pesca. Esto no es solo un problema nuestro; afecta a todos los que dependen de esta actividad", remarcaron.

El conflicto también ha generado un impacto social significativo. "Cuando empezamos, éramos 130 familias trabajando. Ahora apenas somos 50. Muchos dejaron la actividad porque no hay avances en los permisos ni en el acceso", lamentaron.

Los pescadores denuncian también malos tratos en algunas estancias y condiciones insalubres en las zonas donde aún es posible pescar. "Nos enfrentamos a ruedas pinchadas, redes dañadas y basura acumulada en las costas. Es un lugar muy complicado para trabajar", concluyeron.

Esta problemática evidencia la tensión entre los derechos de acceso a recursos naturales y las restricciones impuestas por propietarios privados, en un contexto donde las leyes parecen ser ignoradas o mal aplicadas.