La tripulación del buque pesquero Tai An decidió frenar sus actividades en el puerto de Ushuaia, denunciando graves irregularidades por parte de la empresa armadora Prodesur SA. El reclamo cuenta con el respaldo de los sindicatos SOMU y UNAM.

El conflicto se desató el pasado viernes, cuando los trabajadores del Tai An resolvieron paralizar sus tareas como medida de fuerza ante una serie de incumplimientos laborales que, según señalan, se vienen acumulando sin respuesta. Entre las principales denuncias se encuentran el retraso en el pago de salarios, la falta de liquidación del plus por trabajo en bodega, la ausencia de aportes sindicales y previsionales, y la falta de cobertura médica.

Desde el gremio UNAM expresaron su acompañamiento al paro y exigieron una solución “justa e inmediata” para la tripulación. A través de un comunicado, los marineros señalaron: “Nos encontramos en una situación insostenible. La empresa ha faltado sistemáticamente a sus obligaciones, vulnerando derechos básicos de la tripulación. Nos solidarizamos con los compañeros y sus familias, que también se ven afectadas por esta grave situación”.

La situación fue difundida por el sitio especializado Pescare, que detalló además que los tripulantes vienen reclamando por la mala liquidación del ítem “Bodega Completa”, detectada desde el 21 de febrero, lo que implica una diferencia salarial de más del 50% en ese concepto.

Ante la falta de respuestas, el delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Raúl A. Suárez, presentó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. En la misma, solicitó una audiencia urgente con representantes de Prodesur SA para el lunes 14 de abril. El escrito, dirigido a la ministra Sonia Castiglione, detalla que la empresa no ha respondido a los reiterados pedidos de documentación, incluyendo recibos de sueldo, partes de producción y comprobantes de aportes.

El buque Tai An amarró en el puerto de Ushuaia el jueves 11 de abril por la mañana, y la tripulación permanece a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades y la empresa para evitar la profundización del conflicto.