El pasado martes 20 de septiembre, el Juez Paz Saravia, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial, declaró la quiebra de la empresa Ambassador Fueguina y la inhabilitación y prohibición para salir del País del presidente y directora suplente, Alberto Martín Soria y Luisa Vicenta Duré, como así también libró oficio al Correo Argentino y Andreani para interceptar la correspondencia enviada o recibida desde la firma.

En la propia declaración de quiebra, se informó que la firma Pago Virtual del Sur S.A. desistió del “proceso de salvataje, debido a los acotados plazos legales y a la coyuntura del país”. Luego, el escrito que firma el magistrado confirma que se declara la quiebra y por lo tanto se inicia el proceso de extinción y la inmediata liquidación de los bienes, para abonar las deudas reconocidas en el proceso judicial. Así se inician los trámites pertinentes para vender los activos que Ambassador Fueguina S.A. tiene en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en la Provincia de Tierra del Fuego.

Sandra Ragusa, representante de las trabajadoras y los trabajadores en este proceso, al ser consultada al respecto señaló que “en sí, Ambassador está quebrada desde 2020, así que la medida decretada por el juez no es nueva para nosotros. Sabemos que era la etapa que seguía al cramdown, así que lo que ha hecho el juez mediante el concurso preventivo que se llevó a cabo es precisamente evitar la disolución”.

Luego explicó que “el juez que lleva esta causa, lo que quiere es mantener la unidad productiva. Él nos ha explicado muy bien que no es una instancia negativa, porque el objetivo nuestro y el acompañamiento de él y de todo el Juzgado, es para reactivar la empresa. Así que nosotros hemos entendido que la quiebra es un paso lógico y nosotros ya lo sabíamos. Estuvimos reunidos con el juez por Zoom en dos oportunidades, nos conoció a la gran mayoría. Fue algo inusual, porque como yo soy la representante siempre viajaba o estaba por Zoom; pero en esta oportunidad pudo conocernos a la gran mayoría”, remarcó la trabajadora metalúrgica.

Ragusa aseguró que mantienen “el espíritu vivo y sabemos que la quiebra es un paso más”. Igualmente, respecto de la posible reactivación de la planta, comentó que “en caso de existir inversores o ya sea a través de la Cooperativa que hemos conformado, de cualquier forma que se quiera reactivar habrá que tener presente la medida cautelar. Si no, golpearemos todas las puertas necesarias, de todos los despachos posibles, para que nos puedan aprobar el proyecto”, advirtió.

Además dijo que “de todas maneras, hay que esperar la resolución del juez que calculamos estará saliendo la próxima semana. Sabemos que el Juzgado está trabajando y tomará las mejores medidas, para que todo transcurra de la mejor manera. De eso estamos seguros”, aseveró finalmente Sandra Ragusa.