A través de una exposición que realizaron los vecinos en comisión de Calidad de Vida en el establecimiento del Concejo Deliberante de Ushuaia, los ediles acordaron elevar una nota al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el objetivo de que la institución les proporcione información sobre las consecuencias que emiten las antenas de comunicación en la salud de las personas, como también la cantidad y distribución de a estas con la finalidad de tomar conocimiento e iniciar el análisis correspondiente.

En esa línea, ante la preocupación que surge por parte de los vecinos, ayer los concejales recibieron a la vecina Alejandra Guerrero, representante de vecinos autoconvocados, la cual acercó un modelo de ordenanza proponiendo “la creación de una zona libre de 5G en nuestra localidad”.

Por tal motivo, a través de la plataforma ZOOM, compartieron desde la localidad cordobesa de Capilla del Monte (lugar donde actualmente en simultáneo se encuentran abordando el tema en el parlamento), y desde esa localidad, aportaron sus opiniones con abordajes desde los aspectos legislativos, hasta los vinculados con la salud.

En este sentido, la licenciada Mariela Batallini, letrada asesora del Concejo Deliberante de Capilla del Monte, fue la que instó a formalizar una norma como “medida precautoria”, la cual solicita la suspensión de la instalación y habilitación de antenas 5G, hasta que haya informes sobre el impacto que tienen está en la salud de los vecinos.

Asimismo, el Dr. en Física Andrés Ozols fue el encargado de explicar técnicamente el funcionamiento de estas frecuencias, por lo que advirtió una estrecha relación en el aumento de casos de “autismo, bipolaridad, neurodegeneración, problemas de sueño, disfunción cognitiva, miomas, daños genéticos y probabilidad de cánceres”, entre algunos.

Es por eso que, los vecinos que se encuentran interesados en suspender la instalación de la tecnología 5G, optaron por reforzar su pedido y en su presentación revelaron la existencia de “más de 22.000 trabajos a nivel global que demuestran el daño a la salud”.

Por último, manifestaron que el modelo a ordenanza es a fines de “establecer una moratoria de implementación hasta tanto las empresas propulsoras y el Estado puedan exhibir estudios a largo plazo relativos a los efectos sobre la salud, en la población expuesta de forma crónica”.