La presidente de la Asociación de Protección al Inquilino de Ushuaia, Stella Maris Bianchini, expuso por FM Master’s la situación crítica de muchos vecinos que están siendo intimados a pagar deudas y desalojar casas y departamentos, ante el vencimiento el 31 de marzo de la última prórroga del decreto presidencial que había congelado el valor de los alquileres e impedía los desalojos.

“Cada vez está más complicada la situación de los inquilinos. Desde la asociación y a nivel nacional venimos reclamando la prórroga del decreto, que no da ninguna solución porque es un paliativo frente a todo lo que ha pasado este año”, dijo, si bien la decisión del gobierno nacional es no extender el decreto.

“Las inmobiliarias y los propietarios están intimando a los inquilinos por más que no hayan generado ninguna deuda, con cartas documento, y también están intimando a los garantes. El día 26 de marzo salió una resolución que dice que todas las provincias se tienen que adherir a nivel nacional y provincial para darle una solución a la gente que se va a quedar sin vivienda, porque hay muchísimos inquilinos que están quedando totalmente en la calle”, afirmó.

“Lo más problemático es que hay propietarios que están pasando las viviendas permanentes a eventuales, para el turismo”, dijo, con lo cual se reduce la oferta. “Nos preguntamos dónde van a quedar esos inquilinos, porque hay familias que van a ser desalojadas totalmente sin darles ninguna extensión. Ahí tiene que intervenir el Estado para dar una solución habitacional”, reclamó.

Incumplimientos de propietarios

Agregó que con la nueva ley de alquileres “hemos tenido una lucha permanente, porque las inmobiliarias son las que ponen las trabas y los propietarios, porque no han cumplido con el decreto durante la pandemia. Seguían hostigando a los inquilinos con cartas documento y con amenazas. El decreto decía que los que habían generado deudas debían tener un método de pago para poder aliviar un poco la situación, entre las cuotas de la deuda y el pago del alquiler. Ahora quedan menos propietarios y se ha acumulado deuda. Lo que hacen es intimar a pagar la totalidad y la ley establece que para reclamar los pagos adeudados durante la pandemia los contratos tienen que estar declarados ante la AFIP”, subrayó.

“Si el propietario no declara el inmueble a la AFIP, es imposible pedir un desalojo. Para que haya un desalojo tiene que haber una deuda y los propietarios tienen que cumplir con la obligación de blanquear su propiedad, porque han evadido durante mucho tiempo los costos inmobiliarios. Tienen que llevar el contrato a la AFIP y eso empezó a regir a partir de marzo, porque tienen que pagar sus impuestos por la vivienda alquilada. No cumplen la ley y se llevan su dinero sin pagar nada”, cuestionó.

Pedido al Gobierno

Adelantó que “desde la asociación vamos a pedir al gobernador que reciba a los inquilinos y una de las cosas que vamos a reclamar es que empiecen a ver las viviendas ociosas, porque hay muchos departamentos pero no se da ninguna solución habitacional. Hay viviendas ociosas por gente que fallece y no hay nadie que reclame, y las agarran los grandes empresarios o la misma política. Siguen estando en manos de quienes no solucionan el problema habitacional. Obviamente el propietario tiene derecho de alquilar o no alquilar, pero tiene que fundamentar por qué no va a alquilar, y si va a dejar la vivienda para turismo o sin habitar”, expresó.

“Nosotros no ponemos en duda el derecho del propietario, pero deben pagar sus impuestos. Si alquilan al turismo sin declararlo, esto afecta a los alojamientos habilitados, y también nos afecta a los inquilinos que van a quedar en la calle. Si antes no había oferta, menos va a haber ahora, y esto va a seguir ocurriendo hasta que el Gobierno, la Legislatura o el Concejo Deliberante empiecen a categorizar las viviendas”, sostuvo.

Proyecto a Legislatura

Desde la Asociación se prevé elevar “nuevamente un proyecto de categorización de viviendas a la Legislatura y vamos a empezar a trabajar porque esto se tiene que regularizar. Si no, los propietarios aumentan los precios como se les da la gana. Siempre se han adelantado a la inflación más de la cuenta y hoy hay que darle tranquilidad al inquilino sobre el monto que tiene que abonar. No puede ser que los precios estén unificados en la provincia, cuando no es lo mismo alquilar en el centro que en el barrio La Cantera. Tiene que haber un precio de referencia”, remarcó.

“Hoy el inquilino no puede elegir y no le queda otra, además de que hay condiciones que son desastrosas, porque alquilan cualquier cosa y no cumplen con la obligación como propietarios de redactar un contrato con el inquilino, como dice la ley, cuando se alquila con dueño directo. Todo esto pasa porque las inmobiliarias piden una fortuna y ellas también deben cumplir con las leyes. Tienen que estar inscriptas en la AFIP, pagar sus impuestos y eso no existe. El inquilino va a un alquiler en negro, que resulta más fácil pero después vienen las consecuencias. Estamos hablando de la clase trabajadora, y también de propietarios que son jubilados y viven de ese alquiler. Por culpa de los más grandes pagan los más chicos, por eso tenemos que empezar a regularizar y tanto el Estado provincial como el municipal tienen que ejercer el poder de policía, ver cuántas viviendas en alquiler hay, y dar las herramientas necesarias para que el propietario pueda mejorar su vivienda”, propuso.

Cartas documento

Si bien hay muchas cuestiones por resolver, Bianchini priorizó la coyuntura: “Ahora estamos enfocados en los inquilinos, porque ya están llegando las intimaciones por carta documento y debería haber una mediación. La ley habla de una mediación para exigir deuda y para eso debe haber un contrato y esa vivienda debe estar declarada en AFIP, si no, no van a poder cobrar”, advirtió.

Entre los puntos que forman parte del reclamo de la asociación, mencionó que no debe haber “ningún desalojo en el país, que los alquileres tienen que estar incluidos en el salario y las jubilaciones, porque el salario mínimo tiene que cubrir el valor de un alquiler de dos ambientes y tiene que ser igual a la canasta familiar. La jubilación mínima tiene que ser el 82% de la canasta familiar que hoy no baja de 100 mil pesos. Sin salarios y jubilaciones no hay solución a la crisis habitacional del país. Se tiene que poner un freno a la valorización especulativa del metro cuadrado, que afecta a toda la población, no sólo a los inquilinos”.

También proponen que las tierras privadas se destinen “para vivienda, ni un sólo metro cuadrado para negocios hasta no solucionar la crisis habitacional” y que se ponga fin a la “venta de tierras a precio vil para negociados privados”.

Otro punto plantea que “el aumento del alquiler no puede superar la paritaria más baja. La renovación de los alquileres implica un aumento encubierto, para que esto no suceda hay que poner un tope a los alquileres”.

Asimismo, piden la “condonación de las deudas de los inquilinos, nada de subsidios al capital inmobiliario y financiero, ni financiamiento en cuotas que se hacen igualmente impagables para las familias trabajadoras. Compensación sólo a aquellos propietarios que cubren con el alquiler la canasta básica”.

En otro apartado, se propone “hacer un censo de viviendas ociosas” y construir vivienda “para aquellos que alquilan hace años y están anotados en el IPV y en la Dirección de Tierras. Deben sentarse con la Asociación de Protección al Inquilino de Ushuaia para hacer entregas a las familias en emergencia o a punto de ser desalojadas, priorizando a las mujeres con hijos que son cabeza de hogar o están en situación de violencia”.

Asistencia de Desarrollo Social

Cabe señalar que dentro de las medidas paliativas que dispuso el gobierno nacional, las áreas de Desarrollo Social deberán velar por las familias que sean desalojadas. La Resolución 88/2021 instruye a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”. Para esto se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Sin embargo a la fecha se desconoce la capacidad del Estado para afrontar el costo de subsidios para alquileres a la cantidad de familias que quedarían sin techo y se ven “discriminadas” por algunos propietarios, dado que al momento de alquilar piden que los inquilinos “no tengan hijos ni mascotas”.

“Las oficinas de INADI no toman los reclamos y los Poderes Judiciales no hacen Justicia”, denuncia la Asociación.

Para consultas y asesoramiento sobre cómo responder a las cartas documento que están recibiendo, Stella Maris Bianchini dio a conocer las vías de comunicación: “Tenemos el Facebook ‘Protección al Inquilino de Ushuaia’, el correo electrónico es

[email protected], y el celular es 2901479555. Tenemos el correo lleno de preguntas y no llegamos a responder, por eso pedimos disculpas por la demora pero les vamos a responder a todos. También le damos asesoramiento al propietario y tenemos un estudio de abogados. Lo que hacemos es informar y luego entra la parte judicial. Pueden contactarse por esas vías de comunicación”, concluyó.