Recientemente, el juez Manuel Isidoro López, junto con el secretario Dante Peñalver Rodríguez, emitió una resolución sobre el habeas corpus presentado por el legislador Pablo Gustavo Villegas, quien actúa como presidente del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura. Este procedimiento, identificado como Nro. 7569/2024, busca mejorar las condiciones de vida de los internos en la Alcaidía Central de Ushuaia y sus anexos.

En el marco de esta acción, el Comité denunció la existencia de condiciones de hacinamiento extremo en las instalaciones penitenciarias y solicitó la implementación de un cupo máximo de 24 internos por unidad, en consonancia con los estándares internacionales. También se pidió que se prohíba la admisión de nuevos internos hasta que se solucionen las condiciones de detención, y se estableció un plazo de 90 días para ajustar el número de personas alojadas.

La resolución judicial destaca la gravedad de la situación, con internos que se ven obligados a dormir en el suelo o en colchones en mal estado, además de la inadecuada infraestructura de las instalaciones. Un informe del equipo de la Dirección de Infraestructura del Superior Tribunal de Justicia reveló problemas significativos, como instalaciones eléctricas obsoletas y la falta de medidas de seguridad adecuadas contra incendios.

A pesar de rechazar la medida cautelar solicitada por el Comité, el juez López accedió parcialmente a la solicitud de habeas corpus en lo relacionado con el hacinamiento y la seguridad. El fallo establece que se debe llevar a cabo el traslado de los internos del Pabellón N° 1 en un plazo de 180 días, con una revisión judicial a los 120 días para evaluar el cumplimiento.

Además, se ordenó al Poder Ejecutivo Provincial que inicie la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en un plazo de 30 meses, asegurando que cumpla con las normativas de seguridad vigentes. El juez también hizo un llamado a la colaboración entre los tres poderes del Estado para abordar la problemática carcelaria, instando a la utilización de recursos y herramientas legales para facilitar la construcción de nuevos espacios de alojamiento y a considerar alternativas no punitivas para evitar la privación de libertad cuando sea posible.

Esta resolución se produce en un contexto de creciente preocupación por las condiciones de detención en el sistema penitenciario provincial, tema que ha sido objeto de críticas por parte de organismos de derechos humanos y de la comunidad en general, tal como se destacó en un informe especial de Diario Prensa Libre publicado en septiembre de 2023.