Este lunes, la Municipalidad de Ushuaia intervino en el sector K y D, donde se desarrolla la construcción de 66 viviendas destinadas a la reubicación de familias de los barrios El Cañadón y El Escondido. La situación se tornó conflictiva cuando cuatro familias ingresaron de manera irregular a algunas de las viviendas en proceso de finalización, las cuales permanecen paralizadas debido a la falta de envío de fondos por parte del Gobierno Nacional.

David Ferreyra, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, explicó que las viviendas ocupadas aún no cuentan con final de obra y están bajo custodia de la empresa constructora. "Las familias ingresaron a las viviendas por la fuerza, generando tensión con el sereno responsable de la seguridad del predio", detalló.

Ante la situación, el Municipio se hizo presente junto con Yanira Martínez, secretaria de Políticas Sociales y Derechos Humanos, con el objetivo de dialogar con los ocupantes y ofrecer alternativas. "Nuestro propósito era brindar opciones para que desalojen voluntariamente, ya que estas viviendas tienen un destino específico dentro de un convenio con la Nación", señaló Ferreyra. Sin embargo, las familias rechazaron las propuestas, argumentando su falta de vivienda y dificultades laborales.

Ante la negativa, el funcionario advirtió que deberán enfrentar las consecuencias de un eventual desalojo judicial. En tanto, el sector permanece bajo resguardo policial mientras la Justicia evalúa la denuncia realizada por la empresa constructora, responsable de la custodia del predio y la ejecución de la obra.