
Horacio Gallegos, jubilado municipal y uno de los referentes de la lucha por la mejora de la obra social, ha presentado recientemente, junto con otros dirigentes gremiales y representantes de jubilados, dos notas en la Legislatura. Las notas, dirigidas a la Comisión 1 y la Comisión 5, buscan reactivar la discusión sobre la situación de la obra social, especialmente en relación con la Ley 1071. Según Gallegos, en agosto de 2021 ya habían propuesto una modificación a dicha ley, pero los debates que surgieron en esa ocasión no lograron resultados concretos. A pesar de las discusiones iniciales, asegura que fue un proceso que los mantuvo entretenidos sin resolver el problema de fondo.
Uno de los puntos más críticos, según Gallegos, es el desmanejo financiero de la obra social. Señala que, aunque en su momento lograron frenar el aumento de aportes que estaba en discusión, el problema principal radica en la gestión económica de la entidad. "No nos negamos a la suba de aportes, pero primero se debe solucionar el caos financiero antes de evaluar cualquier alza", afirmó.
Gallegos recordó un caso reciente, expuesto por Elvia Agüero, donde se evidenció la enorme diferencia en el costo de un medicamento oncológico. El medicamento, que inicialmente había sido adquirido por 10 millones de pesos tras un descuento de la FACAP (Federación de Farmacias), costaba en el laboratorio solo 148 mil pesos. Esta disparidad de precios, subrayó, es un ejemplo claro de la ineficiencia económica que denuncian. "Es imposible mantener una economía con estos desmanejos", comentó, y añadió que esta situación ha sido denunciada ante el Tribunal de Cuentas y solicitada una investigación en la Legislatura.
La auditoría de la obra social, según Gallegos, se llevó a cabo en su momento con la participación de la Universidad de Mendoza, y el informe del Tribunal de Cuentas sobre el manejo de la entidad fue "lapidario". Por ello, han insistido en enviar una nueva nota a la Comisión 5 para discutir las deficiencias del sistema y buscar soluciones estructurales.
Además de esta solicitud, Gallegos y otros representantes han pedido formalmente que se conforme la Comisión 1 y la Comisión 5 para discutir su proyecto de ley, y que se les permita participar directamente en las deliberaciones. "Nosotros, como los principales afectados, queremos exponer nuestra perspectiva y defender el proyecto de modificación de la Ley 1071", sostuvo. También mencionó que en el pasado presentaron una propuesta para la Ley 1062, que no fue tomada en cuenta, pero en este momento esperan al menos ser escuchados y que se inicie un debate real sobre la situación de la obra social.
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