El documento dónde se anuncia la medida indica que “Quienes hoy nos convocamos, dirigentes de sindicatos docentes provinciales, seccionales y agrupaciones de ADEMYS (CABA), ADOSAC (Santa Cruz), AMSAFE (Rosario), AMSAFE (General López), ASECH (CHACO), GDA (Formosa), FEDERACIÓN NACIONAL DOCENTE (FND), SECH (Chaco), SUTE (Mendoza), SUTEF (Tierra del Fuego), SUTEBA (La Matanza – Bs. As.); SUTEBA (Marcos Paz); SUTEBA (Tigre); SUTEBA (Bahía Blanca – Bs. As.), SUTEBA (Ensenada – Bs. As.), MINORÍA SUTEBA (La Plata), MINORÍA ATEN (Capital – Neuquén), Seccionales y Minorías de AGMER (Entre Ríos), nos hacemos presentes desde diversos lugares sociales, políticos y gremiales, dada la necesidad de expresarnos en este contexto y para decir que, frente al ajuste, salimos a defender nuestros derechos y la escuela pública”.

Luego se señala que “la pandemia del Covid 19 no da tregua en Argentina ni en la mayor parte del mundo. Además, de las listas crecientes de infectados y fallecidos, está golpeando duramente las economías”.

Advierten que “en el país la situación es particularmente grave porque nos pegó ya sobre una importante recesión anterior. La pandemia desnudó la envergadura de una crisis capitalista global: sanitaria, económica, social y también educativa y ha profundizado una situación muy grave que ya existía”.

“Desde hace más de 7 meses los docentes venimos sosteniendo la educación en la emergencia. Sin recursos de conectividad ni soportes provistos por el Estado, sin ninguna formación previa, sin orientaciones claras, haciendo un notable esfuerzo, docentes y familias apostamos a mantener el fundamental vínculo pedagógico”, remarcan los docentes.

Más adelante dicen que “La escuela ha dejado de ser gratuita. Ya no es pública. Ha dejado de ser de todos. En cada provincia hay miles y miles de pibes desconectados porque carecen de conectividad o de algún soporte tecnológico. Miles y miles de niños y adolescentes abandonados por un Estado que no garantiza la inclusión educativa”.

Para pasar a señalar luego que “Una vez más los grandes grupos de poder, el Gobierno de Alberto Fernández y los gobiernos provinciales, descargan la crisis sobre las espaldas de los trabajadores en beneficio del FMI, el capital financiero y las grandes patronales. El Gobierno nacional, gobernó este año con el presupuesto ajustador del macrismo y promueve un Presupuesto 2021 cuyo eje es el pago de las deudas externas y las garantías a los acreedores”.

“Denunciamos el pacto social como instrumento para hacer pasar las paritarias a la baja, despidos y suspensiones, flexibilidad laboral y educativa, dar sumas fijas o no remunerativas que achatan las escalas y hunden las jubilaciones y obra social, en complicidad con las burocracias sindicales y un curso represivo y de criminalización hacia las luchas, para hacer pasar el ajuste”, expresaron las organizaciones que integran el Frente Nacional Docente.

Después dicen en el texto que “La educación en la emergencia ha implicado un retroceso en nuestras condiciones de trabajo. A la provisión de nuestros bolsillos de importantes costos extras debemos sumarles jornadas laborales que se prolongan todo el día y que condicionan gravemente nuestra vida privada y familiar. Los compañeros que deben realizar tareas presenciales lo hacen sin que existan protocolos ni insumos adecuados que garanticen su salud”.

“Sin dudas los más afectados son los docentes sin trabajo. Porque las autoridades educativas demoran las designaciones o porque el trabajo desde el hogar disminuye en forma significativa la cantidad de licencias, decenas de miles de reemplazantes del país llevan 10 meses sin ningún ingreso”, menciona el documento.

Mencionando que “Las conducciones gremiales docentes nacionales, CTERA, CEA, UDA, AMET, SADOP y muchas conducciones provinciales definen su accionar en función de su subordinación política al Gobierno nacional. Así firmaron junto con las conducciones de la CGT y la CTA (Yasky) un salario mínimo con valores de vergüenza. Por eso pactaron el congelamiento salarial nacional y, en muchas jurisdicciones, acuerdan salarios a la baja y con sumas no remunerativas”.

“Rechazamos el “semáforo” que acordaron los ministros en el CFE mientras la pandemia no da tregua y bate récords de infectados y fallecidos. Rompieron una vez más cualquier posibilidad de un sistema educativo nacional, dejando a cada jurisdicción que decida la vuelta a la presencialidad. En medio de esta crisis sanitaria y sin presupuesto que garantice las condiciones de bioseguridad necesaria en las escuelas, no hay condiciones para una vuelta segura para docentes y nuestros estudiantes”, expresa el texto.

Más adelante dicen que “En todo el país se dan importantes luchas de resistencia, donde podemos destacar a la docencia de Chubut por el cobro de salarios atrasados; en la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Ademys, rechazando la vuelta a la presencialidad; en Mendoza contra la ley privatista en educación, los paros, apagones virtuales y caravanas en Chaco; en las rutas de Misiones junto a otros sectores; en Santa Cruz donde intentan incorporar sumas en negro; en Tierra del Fuego con apagón virtual y caravanas, de los SUTEBA Multicolor, las cuatro delegaciones de AMSAFE y otros distritos”.

“Frente a la subordinación de las conducciones de las centrales docentes CTERA, CEA, UDA, AMET y SADOP al gobierno de (Alberto) Fernández y los gobernadores, desde este encuentro apostamos a gestar un espacio que ayude a unificar reclamos y a fortalecer las diversas luchas”, expresan desde el FND.

Concluyendo que “En ese sentido, el martes 10 de noviembre vamos a llevar adelante “una Jornada de Lucha Nacional” (paro, movilizaciones, caravanas, etc.) y otras acciones y medidas que encuentre miles de docentes protagonistas en buena parte de la geografía nacional. Jornada que aspira alcanzar a 15 de las 24 provincias, entre la Ciudad (CABA) y la provincia de Bs. Aires, Chaco, Mendoza, Santa Cruz, Formosa, Santa Fe, Tierra del Fuego, Misiones, Catamarca, Entre Ríos, La Pampa, San Juan, Tucumán y Neuquén”.

El documento termina reclamando “Basta de ajuste en educación. Nos pronunciamos contra las reformas. Reapertura de las paritarias nacionales y en cada distrito. Blanqueo y aumento de salarios. No a las sumas no remunerativas. No al descuento de ganancias en nuestro salario. El salario no es ganancia. Aumento del monto establecido por el Consejo del Salario. Ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza. Salario mínimo, vital y móvil de $45.000”.

También “Conectividad y soportes tecnológicos gratuitos para la totalidad de docentes y estudiantes. Rechazamos el “semáforo” que acordaron Trotta y los ministros provinciales. No a una presencialidad sin presupuesto ni condiciones sanitarias ni de bioseguridad necesarias. Rechazamos la vuelta a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires y demás jurisdicciones. Salario de emergencia para todos los reemplazantes (suplentes). Defensa de las cajas de jubilaciones y del 82% móvil. Denunciamos precarización de las condiciones de trabajo y educativas. Ejemplo: en provincia de Buenos Aires hay programas como el PIEDAS y el ATR. Defensa de la escuela pública, gratuita, laica y con perspectiva de género. Aumento del presupuesto educativo. No al acuerdo con el FMI. Plata para salud y educación y no para el pago de la Deuda Externa. Eliminar los subsidios a la educación privada. Fuertes impuestos progresivos a la riqueza. No a la persecución a los trabajadores que luchan, desprocesamiento de los compañeros del SUTE de Mendoza. Reincorporación de los exonerados, a 5 años de injusticia en Tierra del Fuego. No a las políticas represivas frente a las luchas”, concluye el extenso documento.