La conflictividad en el rubro aeronáutico sumará en esta ocasión un elemento casi inédito en la historia reciente: las protestas por Aerolíneas Argentinas coincidirán con una paritaria también irresuelta en Latam Argentina por lo que cualquier medida de fuerza que pudiese involucrar a ambas compañías afectará a entre 80 y 90 por ciento del tránsito aéreo. Si bien ambas negociaciones se llevan a cabo con cuatro meses de diferencia la duración de la puja entre el Gobierno y los sindicatos en Aerolíneas, que arrancó en octubre, estiró ese debate hasta empardarlo con el de Latam.

La nómina de reclamos gremiales hacia la administración de Mauricio Macri es amplia y variada: abarca desde los ítems salariales sin resolver para ningún trabajador aeronáutico hasta la política aerocomercial general volcada a favor de las líneas low cost en desmedro de la empresa de bandera. Pero también pasa por problemáticas específicas de cada sindicato como la desregulación del servicio de rampas en perjuicio de Intercargo, con quejas de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), o la intención del Gobierno de facilitar la contratación de personal extranjero, tanto pilotos (APLA y UALA llegaron a parar la actividad un par de horas la semana pasada contra esa medida) como despachantes, en este caso para debilitar la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).

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También fue motivo de malestar en la dirigencia la inscripción por parte del Ministerio de Producción y Trabajo de un sindicato propiciado por Flybondi y con el aval de la cartera de Transporte, que encabeza Guillermo Dietrich. El ministro es, para el grueso de los sindicalistas aeronáuticos, el principal responsable de planificar una política a favor de las low cost y los cielos abiertos, y pensada para debilitar las organizaciones gremiales.

En el caso de la paritaria de Aerolíneas Argentinas y Austral la negociación se mantuvo en marcha durante todo enero pero sin un horizonte de acuerdo a la vista. La principal traba es el reclamo de los gremios por un 6,5% de aumento extra que, alegan, debió incorporarse a los sueldos de la actividad en septiembre pasado por aplicación de la cláusula gatillo y que las autoridades de la compañía nacionalizada desconocieron por entender que la inflación de ese mes ya estaba fuera del alcance de la paritaria 2018.

En los últimos días los directivos de Aerolíneas ofrecieron en lugar de ese porcentaje el pago de una suma fija de entre $5.000 y 32 mil pesos (en función de cada categoría) y dos subas como puente para diferir hasta el segundo trimestre la negociación paritaria formal: un 10,2% con los sueldos de enero, y otro 4,1% con los de marzo. La falta del reconocimiento del 6,5% por parte de la compañía llevó a los gremialistas a rechazar cualquier otro ajuste.

Cada negociador tenía anoche un diagnóstico distinto. Mientras los gremios daban por hecho que esta misma semana podrían reanudarse las medidas de fuerza –con el agravante de aunar protestas en Aerolíneas y Latam- y ayer mismo enviaban a sus respectivos afiliados comunicaciones en las que alertaban de un agravamiento del conflicto, en la línea de bandera, que preside Luis Malvido, decían percibir un diálogo encarrilado y un posible acuerdo en los próximos días.

La chance de nuevas protestas unificaba el frente que integran los titulares de APLA, Pablo Biró; UALA, Cristian Erhardt; APTA, Ricardo Cirielli; APA (personal de mostradores), Edgardo Llano, y UPSA (personal jerárquico), Rubén Fernández. De momento seguía marginado de ese bloque Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA, tripulantes de cabina) aunque en las últimas semanas el gremialista, cercano a la familia Moyano, dio señales de estar más cerca de las hipótesis de confrontación de sus colegas que de un entendimiento con el Ejecutivo.