La reciente decisión del gobierno de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y establecer la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha generado una fuerte respuesta de los sindicatos que representan a los trabajadores del organismo. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y ha sido recibido con preocupación y rechazo en el ámbito gremial.

Julio Estévez, secretario general de la Unión del Personal Superior de AFIP (UPSAFIP), expresó su sorpresa ante el regreso a un modelo institucional similar al de los años 90, que incluye la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). “Estamos observando una reducción de la planta política del organismo y esperamos que esto no afecte a la planta permanente, que es crucial para mantener la recaudación”, afirmó Estévez. Además, advirtió que afectar a la planta permanente sería un “suicidio político”.

UPSAFIP también emitió un comunicado en el que manifiestan su expectativa sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se necesita para llevar a cabo los cambios. Aunque no se oponen a la reducción de cargos políticos, subrayaron que defenderán los derechos de los trabajadores, amparados por la Constitución Nacional y el convenio colectivo. También felicitaron a Andrés Vázquez por su nombramiento como director de la DGI y solicitaron una reunión para discutir el futuro del organismo.

Por otro lado, Pablo Flores, secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP), criticó la medida en declaraciones a El Destape 1070, señalando que “el gobierno no comprende la magnitud de sus decisiones, que están provocando una caída en la recaudación”. Flores denunció que los 3,500 despidos anunciados son parte de una “persecución política” y anticipó la falta de margen para evitar un plan de lucha, resaltando la importancia de la recaudación nacional.

Fuentes gremiales informaron que tras una reunión que incluyó a líderes de AEFIP y SUPARA (Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina), se definió que su línea de acción no solo se centrará en defender los puestos de trabajo, sino también en preservar el estatus jurídico de la AFIP. “Si modifican nuestro organismo por decreto, todos quedaremos bajo la Ley de Bases”, advirtieron.

Se anunció la realización de dos asambleas generales, donde se definirán las medidas de fuerza a seguir, tanto en el Hipotecario como en la Aduana. “El sindicato actuará en los planos político, sindical y jurídico”, afirmaron.

Antonio Rosselló, ex-secretario de AEFIP, ofreció una perspectiva histórica sobre la creación de la AFIP y su efectividad en la lucha contra la evasión fiscal. Recordó que el modelo de AFIP fue impuesto por el FMI durante el gobierno de Menem y que ha demostrado su eficacia en varios países. Rosselló agregó que “los incentivos salariales ayudan a combatir la corrupción”, aunque advirtió que ningún modelo puede garantizar una corrupción cero, especialmente en un contexto donde la economía informal puede representar una parte significativa del PBI.

Finalmente, Rosselló subrayó que “este gobierno, que considera héroes a los evasores, no podía hacer otra cosa que destruir el órgano recaudador; esto está en su ADN”. Aseguró que las consecuencias de esta medida podrían ser graves para la economía nacional.