El Gobierno Nacional oficializó en la madrugada de hoy el Decreto 111/2025, introduciendo cambios en la asignación de recursos dentro del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. La medida, publicada en el Boletín Oficial, redefine el uso del “Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina” (FAMP-Fueguina) y establece nuevos lineamientos para la utilización de los aportes empresariales obligatorios.

Con estos ajustes, el 60% de los fondos recaudados será destinado a proyectos productivos orientados a diversificar la economía local y fomentar la innovación tecnológica. De este porcentaje, un tercio deberá ser dirigido a empresas ajenas al régimen de promoción industrial. El 40% restante de los fondos se utilizará en obras de infraestructura clave para mejorar la competitividad y optimizar los costos logísticos en la provincia, sin posibilidad de ser destinados a gastos corrientes del sector público.

Una de las principales novedades es la incorporación del artículo 6° bis, que permite a las empresas beneficiarias del régimen asignar hasta un 40% de sus aportes obligatorios en iniciativas productivas propias, siempre que cuenten con la aprobación del Comité Ejecutivo del FAMP-Fueguina. Para ello, deberán emitir un certificado de deuda a favor del fondo, que se cancelará progresivamente conforme se ejecuten las inversiones comprometidas. Además, se contempla la posibilidad de adelantar inversiones bajo un esquema de ajuste regulado.

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego está respaldado por la Ley 19.640, cuyo objetivo es fomentar el crecimiento económico y consolidar la soberanía en una región estratégica. En 2021, mediante el Decreto 727, la administración de Alberto Fernández extendió sus beneficios hasta 2038, brindando previsibilidad a las empresas radicadas en la provincia.

Por otro lado, el nuevo decreto se enmarca en un contexto de cambios en las políticas industriales del país. En septiembre pasado, el Gobierno resolvió excluir a cinco empresas textiles del subrégimen de promoción en Tierra del Fuego, argumentando que incumplieron con los requisitos del Decreto 594/23. Como consecuencia, estas compañías perdieron beneficios impositivos clave, tales como exenciones en Ganancias, IVA y derechos de importación, que habían sido prorrogados en 2021 hasta fines de 2023 para la industria textil.

Estos ajustes reflejan el intento del Ejecutivo por reformular el esquema de incentivos en la isla, promoviendo una mayor diversificación productiva y un uso más eficiente de los recursos destinados al desarrollo económico.