En el proyecto del Presupuesto Nacional que se estima para el año 2023, son cerca 520 mil millones de pesos el monto de ingresos que el fisco dejará de percibir por el tratamiento impositivo diferencial establecido en la ley 19.640. Por lo cual, para reducir el déficit fiscal, el Gobierno Nacional plantea una revisión del régimen con una posible reducción de sus beneficios.

En torno a la información del proyecto que remitió a fines de la semana el Ejecutivo Nacional remitió al Congreso, en el transcurso del próximo año por la vigencia del régimen de promoción económica el fisco nacional dejará de recaudar unos 236.300 millones de pesos por la liberación del IVA en compra y venta, 88.571 millones de pesos por la exención del impuesto a la ganancias, 91.873 millones de pesos por privilegios de derechos de importación y 102.941 millones de pesos por la alícuota reducida de impuestos internos sobre productos electrónicos. Haciendo que esto sea un total de 519.720 millones de pesos y estos números representan un 0,35% sobre el Producto Interno Bruto total.

En este sentido, la repercusión del gasto tributario del régimen fueguino sobre el PIB se mantiene en el mismo porcentaje que para este año, como parte de las políticas de reducción del gasto fiscal, el Gobierno Nacional se comprometió a implementar con el Fondo Monetario Internacional el proyecto de presupuesto, el mismo tiene un anexo que contempla una revisión de los impuestos que el Estado Nacional dejara de recaudar por las facilidades y beneficios impositivos vigentes.

Estos beneficios mencionados son los que contemplan a fundaciones, mutuales y cooperativas. Por otro lado, la disminución especial para los trabajadores en relación de dependencia que desarrollan su actividad en la Patagonia, sumándose los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales, más otros para IVA y Bienes Personales junto con los regímenes de promoción económica.

En este sentido, se plantea la revisión del régimen de la 19.640, recordando que esté se encuentra en vigencia desde la década del 70, siendo el objetivo principal fomentar “El incremento poblacional en la isla y la posible reducción gradual del beneficio”. Teniendo conocimiento de esto, el Ministerio de Economía de Nación sostuvo que con la inclusión de este anexo “Damos la posibilidad al Congreso de que estudien estos impuestos y estos beneficios, y evaluar si existe algún beneficio impositivo que puede reducirse para mejorar el cómputo de superávit”.

Al ser comunicado esto, el senador Pablo Blanco y el diputado Federico Frigerio, ambos de Juntos por el Cambio, reaccionaron y dieron sus respuestas sobre lo acontecido. Por medio de un comunicado, expresaron que “El FMI puso en duda el régimen de Tierra del Fuego y el Gobierno Nacional accedió a modificarlo en el presupuesto”.

Señalando que “en medio de un momento de incertidumbre, donde se perdieron más de 2000 empleos privados por la falta de dólares e insumos industriales, ahora se le suma otro golpe terrible a nuestra provincia por parte del Gobierno Nacional. Tras su regreso de EE.UU. el flamante ministro de economía accedió a revisar la eliminación del régimen industrial que acoge a Tierra del Fuego".

Manifestando que “No vamos a dejar que el Gobierno Nacional nos pase por arriba. Están evaluando el aumento de los impuestos internos para las producciones fueguinas. De esta forma, se igualarán los precios de los celulares de Tierra del Fuego al precio de los importados. Si se sigue por ese camino, se extinguirá la producción de teléfonos en Tierra del Fuego dejando a más de 4000 personas en la calle”.