La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de ocho años de prisión impuesta a un policía de Río Grande, Fernando Carabajal, por la violación de una joven con hipoacusia y dificultades en el habla. Los hechos tuvieron lugar en el baño del Hospital Regional de esa ciudad el 21 de octubre de 2021, mientras el acusado cumplía con sus funciones laborales. La controversia central giraba en torno al consentimiento de la joven, cuestión que fue finalmente desestimada por la justicia.

Carabajal había sido condenado en 2022 por los delitos de "abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado". Durante el juicio, el acusado no negó la ocurrencia de los hechos, pero defendió que hubo consentimiento por parte de la víctima, motivo por el cual solicitó su absolución.

El caso llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que en agosto de 2023 rechazó el recurso de casación presentado por la defensa. La jueza Edith Cristiano, quien participó de la resolución, sostuvo que la condena era acertada, ya que se encontraba suficientemente comprobada la culpabilidad de Carabajal, sin lugar a dudas razonables.

En cuanto al consentimiento, la defensa sostuvo que la joven había accedido a mantener relaciones sexuales de común acuerdo, pero la víctima negó tales afirmaciones, asegurando haber sido “abusada por la fuerza”. A lo largo del proceso judicial, el relato de la joven se mantuvo constante y coherente, lo cual fortaleció su versión de los hechos.

El tribunal también destacó que no se encontraron elementos que pusieran en duda la credibilidad del testimonio de la víctima, además de resaltar la difícil situación de la joven, quien sufre de hipoacusia bilateral neurosensorial profunda, lo que afecta considerablemente su capacidad para realizar tareas cotidianas.

Finalmente, la Corte Suprema desestimó el recurso interpuesto por la defensa, que alegaba arbitrariedad en la condena. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en ratificar la sentencia de los tribunales inferiores, sosteniendo que no se logró demostrar que los hechos fueron consentidos.