El Instituto Provincial de la Vivienda informa que a raíz de los incumplimientos contractuales presentados por la empresa DNZT y a las supuestas maniobras defraudatorias contra la administración pública, el organismo a cargo de Gustavo Vázquez realizó la denuncia penal contra la empresa en el transcurso del mes agosto del corriente año.
La denuncia está siendo tramitada en el juzgado de instrucción Nº2 D.S caratulada ¨DUNEZAT, MARTIN JORGE S/ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA¨ expediente 31229/18.
La misma gira en torno a las maniobras defraudatorias que fueron constatado por personal del Instituto Provincial de Vivienda, por lo que se procedió a actuar de forma inmediata para que se logre el cese de la misma. Cabe destacar que la firma DNZT es una empresa que presta dos tipos de servicios para el IPV, tanto en materia de seguridad, como de limpieza.
En este marco, se realizó el requerimiento fiscal por el cual la autoridad máxima del instituto se presentó a dar testimonio para ayudar en el avance de la investigación en curso. El I.P.V ha actuado en los marcos legales correspondientes y bajo las exclusivas facultades establecidas en la ley desmintiendo desde ya cualquier hecho de corrupción o prejuicio alguno contra la empresa, contando la firma con todas las garantías y derechos que le correspondan. El IPV aportó todas las pruebas y la documentación para que la investigación avance.
Asimismo se informa que la denuncia realizada afecta al servicio de seguridad, pero la empresa seguirá proveyendo el servicio de limpieza al Instituto, hasta marzo del año que viene por cumplimiento de contrato.
POR SU PARTE DESDE LA EMPRESA ENVIARON A TODOS LOS MEDIOS LA SIGUIENTE SOLICITADA:
“Por la presente la Empresa DNZT Seguridad, lamenta comunicar que debido a los hechos de corrupción interna denunciados por el titular de la misma ante el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, hemos sufrido una persecución injustificada y desmedida, la cual mediante resoluciones acusatorias infundadas han terminado por rescindir unilateralmente el contrato de locación de servicios de seguridad y vigilancia celebrado oportunamente para proteger los bienes del organismo. Que dicha actitud, la cual reiteramos no cuenta con justificación alguna, obliga a nuestra empresa a prescindir de los servicios que brindan 40 empleados en dichas instalaciones, dado lo cual y a sabiendas que esta situación no es conocida por la gobernadora de la Provincia, sino producto de malos manejos realizados por funcionarios intrascendentes, le solicitamos una audiencia para que tome conocimiento de la realidad de los hechos y pueda mandar llevar adelante las investigaciones pertinentes para que este prestigioso Instituto no se vea manchado por funcionarios corruptos”.
MARTIN DUNEZAT
TITULAR
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