Ante el inminente vencimiento del plazo constitucional, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego presentó a la Legislatura la estimación de gastos y recursos necesarios para el Poder Judicial en 2025, en la acordada 105/24, se proyecta un requerimiento de recursos por $99.568.857.238 para cubrir el pago de salarios, gastos operativos y necesarias inversiones en infraestructura, informática y comunicaciones.

Del total solicitado, $86.000.000.000 están destinados a la partida de personal, que abarca 969 cargos. se estiman $5.200.000.000 servicios no personales y gastos de consumo, $4.000.000.000 para bienes de uso y casi $3.900.000.000 para construcciones. Estas inversiones son consideradas fundamentales para implementar las políticas públicas que el Poder Judicial planea llevar adelante con el objetivo de mejorar la calidad en la prestación del servicio de justicia en la provincia.

La cifra proyectada para 2025 representa un incremento del 223% respecto a los recursos asignados para este año, que fueron establecidos en $30.806.432.745 mediante la reconducción presupuestaria del decreto 01/24. Este aumento se alinea con la inflación acumulada prevista para fines de este año.

Recordemos que, el año pasado, el STJ había estimado que necesitó $51.779.321.271 para 2023, sin embargo, la partida asignada inicialmente por el Poder Ejecutivo fue considerablemente menor, lo que reflejó las restricciones presupuestarias de la provincia. Este contexto refuerza la necesidad de un ajuste significativo para el próximo año, según el tribunal, para garantizar el adecuado funcionamiento del Poder Judicial.

La estimación presentada por el STJ subraya la importancia de contar con un presupuesto robusto para enfrentar los desafíos de un sistema judicial en expansión y la implementación de políticas públicas que mejoren la justicia para todos los habitantes de Tierra del Fuego. La Legislatura ahora tendrá la tarea de evaluar esta solicitud en el marco del proyecto de presupuesto anual que el Ejecutivo debe remitir antes del 31 de agosto, conforme lo establece la Constitución.